Organizaciones civiles mexicanas reclamaron este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que durante el proceso de aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias fueron vulnerados los derechos a la consulta libre, previa e informada, así como el consentimiento de las comunidades y pueblos indígenas.
Durante el 154 periodo de sesiones de la CIDH que se lleva a cabo este viernes en Washington, capital de Estados Unidos, la representante del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Aroa De la Fuente, advirtió que la reforma energética de 2013 y su legislación secundaria prioriza y facilita la entrada de empresas al territorio nacional por encima de los derechos humanos de sus habitantes.
De la Fuente explicó los ingresos del Estado, que depende en más de un tercio en la explotación de los hidrocarburos, disminuirán con la entrada de empresas privadas por que recibirán parte de las ganancias.
Indicó que la reforma "no establece un porcentaje mínimo que deba recibir el Estado por la explotación de los hidrocarburos", sino que esto será decidido por el Ejecutivo en cada caso particular.
Señaló que una caída en los ingresos del país afectará el cumplimiento del Estado en los servicios básicos de la nación.
La representante de la organización civil también criticó que la reforma permite la técnica de fracturación hidráulica (fracking), que es cuestionada en todo el mundo “porque supone el uso y contaminación de grandes cantidades de agua por cada pozo”.
Por su parte, los representantes del Gobierno mexicano indicaron que la reforma energética tiene “una visión de promover el desarrollo incluyente, que se obtengan mayores recursos para la nación”.
Asimismo, aseguraron que las legislaciones secundarias van a permitir mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos.