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La Ley de Tierras y Territorios Ancestrales de Ecuador busca garantizar la redistribución de la tierra productiva, el reconocimiento y legalización de tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; la legitimidad del uso y usufructo en estos territorios y la participación social y resolución de conflictos.
Estos son los puntos clave del proyecto de ley de Tierras en Ecuador:
- Mejorar de la producción para que se respete propiedad y crear mecanismos y estímulos para aprovechar la tierra que no se está trabajando adecuadamente.
- Mediante un proceso de consultas prelegislativas, el 97,3 por ciento de organizaciones sociales y campesinas participantes aceptaron y están de acuerdo con los temas sustantivos que se incorporan en la ley.
- La ley establece la creación de una Autoridad Agraria con el fin de proveerles a la familia campesina y a pequeños y medianos productores: tierras productivas, créditos accesibles, asistencia técnica y capacitación para la producción, infraestructura de riego, y resolución de conflictos en tierras rurales.
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- Se propone la expropiación de predios rurales, cuyas tierras estén desaprovechadas. El Estado pretende garantizar el acceso a la tierra productiva a las personas que se encuentran dentro del sector de la economía popular y solidaria. Queda prohibida la concentración de tierras rurales con fines de especulación, comercialización o monopolio.
- La ley establece la prohibición de existencia de latifundios y concentración de tierras, aún cuando no haya forma de hacer un estudio técnico o científico para determinar las hectáreas de tierra debido a la zona geográfica en la que se ubica el Ecuador, debido a la altitud y la cordillera que le cruza a la nación.
- La normativa contiene 132 artículos para contemplar la creación de un Consejo Consultivo en el que participarán todas las organizaciones sociales, con el fin de buscar soberanía alimentaria.
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- En cuanto a la inversión extranjera, la ley prevé que las empresas públicas extranjeras no podrán adquirir, arrendar o usar tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria.
- La inversión extranjera podrá participar en asociación con empresas públicas nacionales o compañías de economía mixta, donde el Estado tenga la mayoría accionaria y la propiedad de tierra, y con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional.
