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De acuerdo a la CNDH la escena del crimen fue manipulada por los soldados. (Foto: La Jornada)

De acuerdo a la CNDH la escena del crimen fue manipulada por los soldados. (Foto: La Jornada)

Publicado 26 octubre 2014

Investigaciones evidencian que un grupo de militares asesinó a presuntos criminales cuando ya se habían rendido, en la masacre de Tlatlaya (suroeste) el 30 de junio pasado.

La Procuraduría General de la República (PGR) tardó 85 días en iniciar la averiguación respectiva por el homicidio de civiles a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, estado al suroeste de México, a pesar de que tenía indicios que contradecían la versión del Ejército, sobre que los decesos se debían a un enfrentamiento, de acuerdo con la recomendación emitida el pasado martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pese a que la matanza se dio el pasado 30 de junio, la PGR inició la averiguación por los homicidios el 23 de septiembre como señala la recomendación del organismo de derechos humanos.

La pesquisas por los asesinatos se dio una semana después de que agencias de noticias publicaron testimonios y evidencia de que un grupo de militares asesinó a presuntos criminales cuando ya se habían rendido.

Para esa fecha, de acuerdo con la recomendación, la PGR ya había realizado una prueba pericial desde el 5 de julio, la cual reforzaba la hipótesis de que un número reducido de los fallecidos disparó armas de fuego y que la mayoría se rindió a los militares.

La CNDH informó que las personas se habían rendido, pero los militares dispararon con las armas de los presuntos criminales y asesinaron al menos a 15 de ellos. En total, hubo 22 decesos.

El 10 de octubre, el procurador Murillo Karam dijo que el ejército le notificó de violaciones al protocolo castrense, inmediatamente después de que los militares asesinaron a los presuntos delincuentes en el municipio de Tlatlaya.

Murillo Karam no pudo precisar las fechas en que la PGR comenzó a investigar: “Nosotros no podemos actuar en función de lo que publica un periodista, actuamos con base a evidencias. El Ejército lo informó en el momento que tuvo evidencias de violaciones protocolos. Mi primera información de irregularidades, me la da el Ejército.”

En la recomendación emitida, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló lo siguiente sobre la PGR: “Este Organismo Nacional observa que la investigación por los delitos cometidos por personal militar en contra de las víctimas que fallecieron fue iniciada hasta el 23 de septiembre de 2014 (…) Ello a pesar de que desde el 3 de julio del presente año la Procuraduría estatal le remitió la carpeta de investigación, que se inició con motivo del fallecimiento de las 22 personas”.

La comisión de derechos humanos sentenció que el deber de la PGR era iniciar la investigación por homicidio desde que conoció de los hechos, pues se trataba de un delito que involucraba a autoridades militares.

Además, la Comisión señala que la PGR contaba con indicios previos que permitían presumir que la muerte de los civiles no se dio durante un enfrentamiento.

El pasado miércoles 22 de octubre, el procurador Murillo Karam respondió por qué inició la averiguación previa por homicidios 85 días después de los hechos:

“Hasta ese momento era un problema de protocolos y la misma Ley y la Constitución señalan que eso se ve en la defensa. Cuando la propia Secretaría de la Defensa, en el análisis del rompimiento de sus protocolos, le dice a la Procuraduría que hay posibilidades que el rompimiento de los protocolos tenga algunas deficiencias en cuanto a la información sobre los hechos, nos lo plantea y empezamos a investigar sobre este asunto”.

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