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"Brasil todavía tiene una cultura esclavista, fuimos de los últimos países en abolir la esclavitud y hasta hoy la esclavitud es una realidad", aseguró el funcionario

"Brasil todavía tiene una cultura esclavista, fuimos de los últimos países en abolir la esclavitud y hasta hoy la esclavitud es una realidad", aseguró el funcionario | Foto: EFE

Publicado 14 julio 2017

El procurador general del Trabajo, Ronaldo Fleury, asegura que la reforma impulsada por el presidente de facto Michel Temer "es fruto de la mentalidad esclavista".

La reforma laboral aprobada recientemente por el presidente de facto Michel Temer en Brasil "oficializa el fraude, es fruto de la mentalidad esclavista que aún persiste en Brasil y no ayudará a crear nuevos empleos", dijo el procurador general del trabajo, Ronaldo Fleury.

El fiscal afirmó que la reforma abre la puerta a que los trabajadores sólo ganen dinero por el tiempo que efectivamente trabajen: "El tiempo que estés a disposición de la empresa pero sin trabajar no lo cobras".

Fuente: EFE

"Con la reforma todo lo que se hacía como fraude está siendo institucionalizado", explicó Fleury en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo

La reforma de Temer contempla contratos a tiempo parcial, lo que generará más precariedad, como sucedió con las reformas realizadas recientemente en España o México, donde se cambiaron los trabajos fijos y por los "alternativos, intermitentes y externalizados", opinó el fiscal.

Las reformas beneficiarán al "mal empleador" y son fruto de una cultura empresarial basada en la explotación del trabajador, dijo el funcionario.

"Brasil todavía tiene una cultura esclavista, fuimos de los últimos países en abolir la esclavitud y hasta hoy la esclavitud es una realidad incluso en las grandes ciudades, en las grandes empresas, la mentalidad es esclavista", afirmó Fleury.

La reforma laboral de Temer fue aprobada en el Senado el 11 de julio con 50 votos a favor y 26 en contra, el 14 de julio se publicó en el Diario Oficial de la unión y entrará en vigor dentro de 120 días.

Sindicatos y movimientos sociales de izquierda manifestaron intensamente en las calles de distintas ciudades brasileñas y en los últimos meses se convocaron dos huelgas generales en contra del texto. 


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