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Familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca reclaman justicia.

Familiares de las víctimas de la masacre de Accomarca reclaman justicia. | Foto: Andina

Publicado 2 septiembre 2016

La matanza fue perpetrada por militares del Ejército peruano, el 14 de agosto de 1985, durante el primer gobierno de Alan García. Decena de niños estuvieron entre los fallecidos.

Un tribunal peruano condenó este jueves a 10 miembros del ejército por matar a 69 personas, entre ellas 23 niños y 10 mujeres, en una de las más crueles masacres durante el conflicto armado interno en ese país suramericano. 

La sala penal sentenció a 25 años de cárcel al general retirado Wilfredo Mori, jefe del comando político militar, por ordenar el asesinato de los campesinos en 1985. Sus subordinados obligaron a los habitantes del pueblo de Accomarca a ingresar a dos cabañas, les dispararon con fusiles, los dinamitaron y les prendieron fuego. Mori está prófugo de la justicia.

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El tribunal condenó también a 23 años de cárcel al mayor Telmo Hurtado y a 24 años al teniente Juan Rivera, quienes comandaron las dos patrullas que cometieron la masacre. Ambos se exiliaron en Estados Unidos. Rivera fue deportado de Maryland en 2008 y Hurtado fue extraditado de Miami en 2011. 

De acuerdo con expertos, el juicio por la masacre de Accomarca es el único caso en Perú en el que un militar de menor rango reconoció su crimen y acusó a sus superiores de organizar y encubrir un plan para asesinar civiles. Hurtado, conocido por la prensa local como "el carnicero de los Andes", se atribuyó en el juicio la autoría de 31 muertes en esa matanza. 

En 2012 durante el proceso Hurtado dijo frente a los jueces: "Soy responsable de la muerte de 31 personas" y le enrostró el crimen a Mori  a quien le expresó: "ya es tiempo general Mori de que acepte su responsabilidad... las cosas se realizaban porque usted lo ordenó". 

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Tras la matanza el ejército declaró que había sido un hecho aislado y que Hurtado había padecido una "locura temporal". En el juicio Hurtado confesó que sus jefes le pidieron que se hiciera pasar por loco. 

La lectura de la sentencia empezó la noche del miércoles y concluyó la madrugada del jueves en una sala judicial que funciona dentro de una cárcel de Lima. Los jueces prohibieron el ingreso de fotógrafos, camarógrafos y activistas por los derechos humanos. 

Carlos Rivera, abogado de los familiares, se mostró satisfecho con la condena y afirmó que se abandona la tesis oficial de 30 años de que el crimen fue perpetrado por una sola persona. Sin embargo, uno de los familiares manifestó que el pueblo de Accomarca esperaba condenas más duras debido a las secuelas psicológicas que aún sufren.

Los jueces también ordenaron el pago de reparación civil de 150 mil soles a los herederos de cada una de las víctimas.

Más de un centenar de huérfanos y sobrevivientes de la masacre se quejaron del trato que recibieron del tribunal. 

El conflicto armado interno que atravesó Perú entre 1980 y 2000 dividió a la población y enfrentó a las fuerzas de seguridad con los miembros del grupo Sendero Luminoso. En todo el territorio de Perú hubo miles de muertos y se calcula que existen unos 15.000 desaparecidos, principalmente campesinos de lengua quechua e indígenas de la Amazonía.  

Hasta ahora 70 militares han sido condenados por delitos cometidos durante la guerra interna.

¿Qué sucedió en Accomarca? 

El 14 de agosto de 1985, campesinos Accomarca, al sur de Perú, fueron asesinados por un contingente militar al mando del teniente Telmo Hurtado, que llegó a ese lugar. Según las pesquisas, el oficial reunió a los pobladores y ordenó a sus soldados matarlos, luego de que las mujeres fueran ultrajadas.

La matanza se perpetró poco después del inicio del primer gobierno de Alan García (1985-1990), que había asumido el poder 28 de julio de 1985.

"El caso Accomarca ha sido una historia no solo triste, sino también un esfuerzo descomunal de un grupo de gente por alcanzar justicia, por superar una traba dramática que tiene el Estado peruano con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y hacerse un espacio entre el sistema judicial y sentar, como se ha sentado el día de hoy con esta sentencia, una suerte de precedente con respecto a los crímenes que se cometieron en el conflicto armado”, expresó Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas.


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