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La votación se logró después de un intento de los grupos de la derecha para que se suspendiera.

La votación se logró después de un intento de los grupos de la derecha para que se suspendiera. | Foto: @_infoLibre

Publicado 22 marzo 2017

El Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Ciudadanos (Cs) y Partido Popular (PP) no tomaron parte en la votación por considerar que implicaría pasar por alto la postura de España.

El Parlamento de Cataluña aprobó este miércoles la financiación del referendo en los Presupuestos 2017 y este puede ser acordado con el Gobierno central o de forma unilateral.

El proyecto contó con la aprobación de Juntos por el Sí, en el Ejecutivo, y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), grupo de izquierda que está a favor de la independencia y cuyo respaldo fue concluyente, debido a que la alianza del Gobierno no cuenta con mayoría en la Cámara.

Los dos grupos independentistas aprobaron las cuentas anuales, con 64 votos a favor (62 de JxSí y dos que fueron otorgados por la CUP), 62 en contra (los liberales de Ciudadanos, los socialistas, los conservadores del PP y el grupo de izquierda Catalunya Sí Que Es Pot) y siete abstenciones del CUP.

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El consentimiento llega después de la reciente orden del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña (CGE), que sostiene que la disposición adicional 31 de las cuentas sobre el referendo es anticonstitucional y transgrede el Estatuto, sin embargo, respalda la partida de las cuentas de 5,8 millones de euros (6.253.330 dólares) para ser utilizados en "procesos electorales".

Por su parte, los miembros del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), Ciudadanos (Cs) y Partido Popular (PP) no tomaron parte en la votación, pues manifestaron que votar implica pasar por alto al Tribunal Constitucional (TC).

Tanto los diputados del Cs como los del PP protestaron en contra de la medida.

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Para los diputados que se oponen "la votación y eventual aprobación comportaría ignorar la advertencia" realizada por el TC que busca paralizar o evitar cualquier votación que tenga que ver con el despliegue de la hoja de ruta independentista catalana.

El pasado 3 de marzo, el órgano consultivo del Gobierno catalán manifestó que la disposición va en contra de la Carta Magna.


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