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Un policía vigila la oficina de la organización no gubernamental Save the Children cerrada tras la orden del Ministerio del Interior paquistaní.

Un policía vigila la oficina de la organización no gubernamental Save the Children cerrada tras la orden del Ministerio del Interior paquistaní. | Foto: EFE

Publicado 12 junio 2015



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El Gobierno paquistaní tomó la decisión tras considerar que las actividades promovidas por la organización no gubernamental Save the Children atentan contra los intereses de ese país.

El Gobierno pakistaní ordenó el jueves a los trabajadores extranjeros de la organización no gubernamental Save the Children que abandonen el país en un máximo de 15 días por hallarse involucrados en actividades contra esa nación, informaron medios locales.

Un funcionario del Gobierno manifestó que las actividades de la organización “estaban siendo vigiladas desde hace mucho tiempo y estaban haciendo algo que iba en contra de los intereses de Pakistán”.

Tras la orden emitida por el Ministerio del Interior paquistaní, la oficina central ubicada en Islamabad fue cerrada.

En contexto

No es la primera vez que el Gobierno de Pakistán solicita a Save the Children salir del país. En 2012 expulsó al personal extranjero de la mencionada organización luego de la falsa campaña de vacunación contra la hepatitis, emprendida por la CIA, para capturar a Osama Bin Laden en mayo de 2011.

La organización británica Save the Children se encuentra en Pakistán desde 1980, donde lleva a cabo programas de “apoyo” a la infancia en más de 60 distritos de la nación. Ha sido criticada en diversas oportunidades por defender el trabajo infantil en “condiciones dignas”.

Rusia prohibió las actividades de las ONG extranjeras

El mandatario ruso Vladimir Putin promulgó una ley en mayo pasado que prohíbe las actividades de las ONG extranjeras instaladas en Rusia "que representen una amenaza para los fundamentos constitucionales y la capacidad de defensa del país o la seguridad del gobierno, que se pueda reconocer como indeseable".

La legislación permitirá bloquear las cuentas bancarias de las ONG y podrá enjuiciar a sus empleados, quienes pueden ser condenados a penas de hasta seis años de cárcel, siempre y cuando se compruebe la vulneración a la defensa del país o la seguridad del Gobierno.

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