Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa protestaron este domingo en Stuttgart (sur de Alemania) por la demora de la Fiscalía en la investigación por la presunta venta ilegal de armas a México, por parte de la empresa alemana Heckler & Koch, proveedora mundial de armamento.
El caso es investigado desde hace cinco años por vender miles de fusiles de asalto G36; un proceso que se ha limitado a entrevistas, búsqueda en la sede de la compañía y en viviendas de sus empleados, sin que haya sido presentado en el país europeo cargo alguno.
El protestante, Eduardo Moreno Peralta, declaró a la agencia de noticias Deutsche Welle que “Alemania entregó las armas con las que fuimos reprimidos, pero el gobierno mexicano también ha vendido armas a la delincuencia organizada que ha llevado a nuestro país a hundirse en una ola de violencia. Alemania debe presionar a nuestro gobierno”.
Por su parte, Berlín se ha disculpado por el uso de armas alemanes en las atrocidades cometidas en México, sin embargo, no existe presión en la Fiscalía.
El investigador comercio de armas, Jürgen Grässlin, dijo que “los rifles adquiridos ilegalmente, seguramente fueron usados por las fuerzas de seguridad en zonas de conflicto en México”, a pesar de la prohibición de exportación de Alemania en la venta de armas en la zona.
El Consejo de seguridad del gobierno alemán, dirigido por la canciller Ángela Merkel, permitió la venta de armas a México, pero prohibió su uso en cuatro estados en los que donde se considera que podrían ser comercializadas mediante corrupción y violencia.
En la investigación del caso Ayotzinapa fueron confiscados al menos 30 fusiles ilegales G36, producidos por Heckler & Koch.
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