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El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis F. Cruz Batista.

El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis F. Cruz Batista. | Foto: MetroPR

Publicado 20 julio 2015

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, reconoció hace pocas semanas que a la isla le resulta "insostenible" el pago de la deuda. 

Luis Cruz Batista, director de la Oficina de Gerencia y presupuesto (OGP) de Puerto Rico, informó este lunes que se valarorá la liquidez y estudiarán las prioridades existentes antes de saldar la deuda de 94 millones de dólares que el Gobierno mantiene con la estatal  Corporación de Financiamiento Público (PFC).

El representante señaló, en rueda de prensa, que se pueden hacer reasignaciones entre partidas del presupuesto vigente de 9 mil 800 millones de dólares para saldar los 94 millones adeudados a la PFC, pero que debe primar la oferta de servicios adecuados a la ciudadanía.

Puerto Rico atraviesa una complicada situación financiera a causa de una deuda de 73 mil millones de dólares controlada principalmente por fondos de inversión estadounidenses.

Especial Web: Puerto Rico, una colonia en quiebra

"Nuestra prioridad es darle servicios a los ciudadanos, de salud, de protección, seguridad y educación", apuntó Cruz Batista.

Cruz Batista no descartó el pago a la entidad pública, pero dejó claro que el Gobierno actuará en función del estado de flujo de efectivo del Fondo General. 

EN CONTEXTO: 
Desde 1952, Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos, que lo mantiene bajo dominio colonial luego de invadirlo en 1898.
Con una deuda superior a los 70 mil millones de dólares, la nación avanza hacia la banca rota, y ante esta situación, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobó la Ley de la Recuperación de las Corporaciones Públicas, a fin de negociar con los acreedores de Wall Street.
Sin embargo, el tribunal de distrito de EE.UU. en San Juan, la declaró inconstitucional por considerar que el campo está ocupado por la legislación federal. La decisión fue recurrida por el ministro puertorriqueño de Justicia, César Miranda, al considerar que “no se trata de un campo ocupado, porque Puerto Rico está excluido de la Ley estadunidense de Quiebras.
La decisión del tribunal de circuito de apelaciones de Boston deja a Puerto Rico en la indefensión, por lo que se evalúa apelar ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, subrayó Miranda. Asimismo, el titular consideró que es irracional que el Congreso haya excluido a esta isla del Caribe de la Ley de Quiebras y, a la vez, le impida legislar para su protección.

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