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Paulo Bernardo Silva es miembro fundador y máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Paulo Bernardo Silva es miembro fundador y máximo líder del Partido de los Trabajadores (PT). | Foto: EFE

Publicado 29 junio 2016

El exministro de Planificación en la gestión de Lula da Silva, Paulo Bernardo Silva, fue detenido de forma preventiva acusado de corrupción.

Por no haber evidencia para justificar su detención, la Corte Suprema de Brasil ordenó la libertad del exministro del Partido de los Trabajadores (PT) Paulo Bernardo Silva, acusado de corrupción. 

La orden de detención emitida la semana pasada fue revocada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, quien advirtió que la medida habría sido apropiada, si existieran pruebas en contra del exministro de Planificación en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y de Comunicaciones en la gestión de Dilma Rousseff.

El juez consideró que la detención se realizó con “fundamentos frágiles” y un “flagrante constreñimiento ilegal”.

Asimismo, afirmó que no hay evidencia de que el exministro esté tratando de obstruir la justicia, sin embargo, autorizó el uso de mecanismos para conocer su ubicación, entre ellas, mencionó el uso de dispositivos electrónicos.

El exministro está casado con la senadora de PT Gleisi Hoffmann, ministra durante la gestión de Rousseff. Ambos están acusados de millonarios fraudes con créditos que la banca estatal ofrece a empleados y jubilados del sector público.

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En contexto

Paulo Bernardo Silva fue ministro de Planificación en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, el fundador y máximo líder del PT. También ocupó la cartera de Comunicaciones durante la gestión de Dilma Rousseff, la actual presidenta electa constitucionalmente por los brasileños, pero separada temporalmente de sus funciones desde el pasado 12 de mayo por encontrarse bajo investigación por supuesto cargos de corrupción.

Actualmente, Michel Temer ocupa la presidencia interina por 180 mientras se desarrollan la investigaciones. De ser considerada inocente, Rousseff podrá retomar sus funciones. De ser considerada culpable, la mandataria sería suspendida en forma permanente y estará inhabilitada por ocho años.

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