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El presidente de Colombia Juan Manuel Santos junto a su homólogo de Cuba Raúl Castro, y el jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, tras la firma del acuerdo.

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos junto a su homólogo de Cuba Raúl Castro, y el jefe de las FARC-EP, Rodrigo Londoño, tras la firma del acuerdo. | Foto: EFE

Publicado 25 septiembre 2015

Políticos colombianos y la ONU saludaron la creación de una Jurisdicción especial para la paz por parte del Gobierno y las FARC.

Políticos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respaldan el acuerdo alcanzado entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) para lograr la paz tras más de 50 años de conflicto armado.

“Además del pacto anunciado en Cuba el pasado miércoles sobre la creación de una Jurisdicción especial para la paz, valoramos como trascendental el hecho de que las partes beligerantes fijaran una fecha con el objetivo de finalizar las pláticas y poner término a la larga confrontación bélica”, consideró el coordinador de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Frabrizio Hochschild.

Asimismo, destacó que se trata de un buen comienzo, “el mecanismo consensuado en la mesa de concertación con sede en La Habana garantiza que no habrá amnistía ni impunidad por crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, en tanto la firma de la paz abrirá las puertas a la justicia”.

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En un comunicado emitido por el Partido Comunista Colombiano (PCC), el acuerdo “patentiza que la victimización no es una consecuencia imputable sólo a la insurgencia, sino que implica a estructuras del Estado, entre otros sectores”.

Las FARC-EP y el Gobierno colombiano firmaron el miércoles un acuerdo de justicia y víctimas en La Habana, Cuba.

El convenio es la antesala de la firma del acuerdo final y el cese bilateral al fuego, una medida aprobada por el Congreso colombiano luego de fijar en la Constitución la posibilidad de acudir a mecanismos de justicia transicional, con el propósito de establecer penas alternativas a las que la ley contempla para castigar delitos atroces, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos.

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