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La inhumana violencia contra la minoría musulmana de Myanmar ha provocado el desplazamiento forzoso de al menos 125.000 personas a Bangladés.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, llamó este martes a las autoridades de Myanmar, antigua Birmania, a cesar la violencia contra la minoría musulmana rohingyas.
"Las autoridades birmanas deben tomar acciones firmes para poner fin al círculo vicioso de violencia y brindar seguridad y ayuda a todos aquellos que lo necesiten", exigió Guterres.
Asimismo, informó que tras la catástrofe humanitaria y la nueva ola de violencia que vive la perseguida etnia, casi 125.000 personas, en su mayoría refugiados rohingyas, han huido a Bangladés en las últimas semanas.
La situación de esa minoría musulmana "se está convirtiendo en un factor innegable de desestabilización regional", lamentó el diplomático.
Por su parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) exigió que se le permita acceder a los niños atrapados en los combates, cuyo número se estima en decenas de miles.
Actualmente "la Unicef no tiene acceso a las zonas concernidas por los combates en el norte del Estado Rajine", indicó en un comunicado el director del organismo Anthony Lake, precisando que la Unicef "intensifica sus acciones" en Bangladés para dar "protección, alimentos, cuidados y agua" a los niños refugiados ahí.
Según Lake, un 80 por ciento de los 125.000 refugiados son mujeres y niños. "Los niños de ambos lados de la frontera necesitan ayuda urgente y protección", advirtió.
El ejército myanmarense emprendió una "operación de limpieza" para expulsar a la minoría étnica después de que el 25 de agosto, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakan (ARSA), atacara puestos policiales y militares, en lo que describieron como un intento de proteger a su pueblo de la persecución de las fuerzas de seguridad.
Ante esto, las autoridades de Myanmar aplicaron una fuerte política de represión militar contra esta población musulmana en el convulsionado estado de Rajine, en el oeste de Myanmar, que dejó al menos 400 muertos.
Según testimonios de los sobrevivientes, los militares de Myanmar incendiaron aldeas enteras con helicópteros y bombas de gasolina. Las fuerzas de seguridad acordonaron las aldeas rohingya mientras caía el fuego y luego disparaban y apuñalaban a civiles.
Myanmar, dominado por budistas, tiene a sus espaldas un largo historial de discriminación y persecución contra los musulmanes.
El Gobierno niega la plena ciudadanía a los seguidores del Islam, a los que considera inmigrantes indocumentados bangladesíes, por lo que les impone múltiples restricciones, incluida la privación de movimientos, pese a que la comunidad internacional y grupos pro derechos humanos rechazan tales argumentos, aseverando que esa minoría musulmana tiene raíces históricas en el territorio.
