Este jueves observadores de la ONU, declararon que las elecciones locales en Burundi no fueron ni "libres" ni "creíbles" y aseguran que las mismas se dieron "en un ambiente que no era propicio para elecciones libres, creíbles e inclusivas".
Las elecciones se organizaron a pesar de que el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresó que deberían ser postergadas.
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En las "conclusiones preliminares", la Misión de Observación electoral de la ONU evocó particularmente "un clima de miedo y de intimidación" y "episodios de violencia" principalmente en la capital Buyumbura, antes y durante la votación.
De igual manera, el informe de nueve páginas señala que "Las libertades fundamentales de participación, de reunión, de expresión (...) y de información fueron cada vez más restringidas durante la campaña electoral".
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Por su parte, Estados Unidos ha pedido que se postergue los comicios presidenciales del 15 de julio hasta que cese la violencia que sacude el país desde hace dos meses.
El vocero del Departamento de Estado estadounidense, John Kirby, pidió retrasar las elecciones, aumentando la presión internacional sobre el presidente Pierre Nkurunziza, quien busca un tercer mandato pese a las protestas en su contra, las cuales han dejado al menos 70 muertos en dos meses.
Kirby urgió a Nkurunziza a poner "El bienestar de los ciudadanos de Burundi por sobre sus ambiciones políticas y participar en el diálogo con la oposición y la sociedad civil para identificar una solución pacífica a esta profunda crisis”.
"Esta solución debería incluir retrasar las elecciones presidenciales del 15 de julio hasta que haya las condiciones para unas libres, justas y pacíficas elecciones", declaró Kirby.
Contexto
Burundi lleva sumido en una grave crisis política desde abril de 2015, cuando el presidente Pierre Nkurunziza anunció su candidatura a las presidenciales para obtener un tercer mandato. Ante esta situación, la oposición se elevó contra la decisión.
Tal determinación desató una ola de protestas en las que se registran hasta el momento unas 70 muertes y unas 120 mil personas que han abandonado el país para huir de la violencia,según datos aportados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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