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La nueva ley también prevé el uso de armas por parte de los agentes del Estado cuando lo consideren "necesario".
El Poder Legislativo del Estado de México aprobó el 20 de marzo la "Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública" y permite a los agentes de seguridad el uso de armas para disolver manifestaciones y protestas consideradas "ilegales".
La norma fue promovida por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, del Partido Revolucionario Institucional. Se le denomina “Ley Atenco” por los hechos ocurridos en el poblado de San Salvador Atenco en el año de 2006 cuando se registró un excesivo uso de la fuerza pública.
Ley Atenco contra los derechos humanos y la protesta social
Las recientes políticas impulsadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto han dejado ver su lado autoritario y represor. La normativa no solo criminaliza la protesta, sino que permite el uso de armas contra las manifestaciones, según lo estipulado en su artículo 8. “Cuando sea excepcional, estrictamente necesario e inevitable, para proteger la vida de otras personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso de armas letales".
"Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga que, en su huida, pongan en riesgo real, inminente y actual la vida de una persona y en el caso de resultar insuficientes, las medidas menos extremas para salvar una vida”.
Pero ¿quién determina estas situaciones excepcionales? ¿Cómo se definen y en qué forma? ¿Cuándo es inevitable asesinar a alguien que protesta?
Además del uso de armas de fuego, la ley permite la utilización de armas de control como esposas rígidas, semirrígidas, de eslabones y cinturones de plástico y dispositivos inmovilizadores con descargas eléctricas y sustancias irritantes en aerosol.
Otro aspecto en discordia de la ley es que faculta a los elementos de seguridad a determinar las situaciones "ilegales".
“Cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá de conformidad con lo dispuesto en esta Ley”.
Pero ¿cúales acciones serán consideradas “ilegales? Quiere decir que si un jefe de la policía considera ilegal alguna manifestación ¿la ley permitiría que los agentes actúen contra los manifestantes, a tal punto de que si los mismos intentan huir se podría disparar contra ellos?
Más impunidad
La Ley de Atenco delega la responsabilidad a los mandos operativos y libra a gobernadores, alcaldes y altos mandos policíacos.
En el caso de que no se adopten medidas suficientes se realizará una “investigación interna” dentro de la institución a la que competa los elementos implicados, sin definir ningún tipo de sanción penal o civil. Lo que quiere decir que aquellos que ordenen los ataques nunca serán responsabilizados.
Esta ley aparece justo en el momento en el que Gobierno de Peña Nieto refleja uno de los peores índices de popularidad, pues enfrenta una crisis económica y social profunda. Lo que se busca con esta ley es intimidar a aquellos que protesten contra las injusticias cometidas por el Estado.
El pueblo se manifiesta contra la ley
Grupos y organizaciones han alzado su voz en contra de la ley y se han agrupado en el llamado Fuego de la Digna Resistencia. Aseguran que la norma solo legaliza la criminalización y represión de las movilizaciones por parte de las autoridades.
El grupo asistirá a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Comisión estatal para que promuevan una acción de inconstitucionalidad contra la ley porque "violenta las garantías constitucionales".
