Un informe del Consejo Económico y Social (CES) de España muestra la preocupación por el aumento en ese país del porcentaje de población que entra en la pobreza y critica las deficiencias en el gobierno de Mariano Rajoy para enfrentar este problema social.
De acuerdo con el CES, en ese país europeo "existe debilidad del sistema de bienestar para hacer frente a las situaciones más extremas de vulnerabilidad social".
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En este sentido, la institución recuerda que España viene arrastrando problemas de vulnerabilidad social en el que los niveles de pobreza monetaria se mantuvieron en torno al 20 por ciento, una situación que se ha visto agravada con la crisis. Así, el 28,6 por ciento de la población española se encontraba en esta situación en 2015, 3,9 puntos más que al inicio de la crisis, por encima de la media de la Unión Europea.
El informe señala que las situaciones de vulnerabilidad afectan sobre todo a las personas en desempleo y con bajo nivel formativo, la población extranjera y los hogares con hijos, especialmente los monoparentales, encabezados mayoritariamente por mujeres
Para el CES, la pobreza constituye "un problema multidimensional", por lo que las medidas para combatirla competen a diversos departamentos y niveles de la administración"
Por ello, reitera la importancia de "reforzar la eficacia de las distintas iniciativas mediante una estrategia de lucha contra la pobreza más visible, integrada y coordinada, dotada de los instrumentos necesarios para su implantación, seguimiento y evaluación, que implique a todos los departamentos y niveles de las administraciones".
Entre otras situaciones, cita los programas de Renta Mínima de Inserción (RMI) que poseen las comunidades y ciudades autonómicas y denuncia que "la ausencia de criterios mínimos comunes da lugar a que, ante la misma situación, el lugar de residencia sea determinante de si se recibe o no este tipo de ayuda, así como de sus características" por lo que "no cabe hablar de universalidad de la protección económica contra la pobreza en España".
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Los autores del informe también ven "necesario abordar la elaboración del mapa completo de prestaciones sociales, para dar cumplimiento a la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social, así como por el Plan Nacional de Inclusión Social 2013-2016".