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El Gobierno interino de Michel Temer acusa a los gobiernos progresistas y a los bloques de integración regional de “propagar falsedades”.
El Gobierno interino de Brasil rechazó las declaraciones de los Ejecutivos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, así como de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en repudio al golpe parlamentario ejecutado contra la mandataria Dilma Rousseff.
Asimismo, la Cancillería recién instalada repudió las declaraciones del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, quien, en nombre de la organización regional, rechazó el impeachment contra Rousseff y lo calificó como una conspiración contra la democracia.
En dos comunicados emitidos este viernes, el Gobierno interino de Michel Temer acusa a los gobiernos progresistas y a los bloques de integración regional de “propagar falsedades” y asegura que las declaraciones de Samper son incompatibles con su cargo.
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“Tales juicios e interpretaciones del secretario general son incompatibles con las funciones que ejerce y con el mandato que recibió del conjunto de países suramericanos en los términos del Tratado Constitutivo y del Reglamento General de la Unasur”, reza uno de los textos.
A pesar de que, durante el proceso de votación en ambas Cámaras del Parlamento brasileño, no se presentaron las pruebas de las supuestas maniobras contables ilegales realizadas por Rousseff entre 2014 y 2015, la Cancillería asegura que esta acción se desarrolló con “respeto absoluto” a las instituciones democráticas y la Constitución Federal.
Vea a continuación los textos íntegros
La corresponsal de teleSUR en Brasil, Adriana Robreño, citó al diplomático brasileño y excanciller de ese país, Celso Amorim, quien aseguró que esta acción de la Cancillería interina le recuerda a la época de la dictadura militar, pues son declaraciones "con un tono completamente diferente al acostumbrado en notas diplomáticas".
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EN CONTEXTO
El Senado aprobó el proceso de impeachment en la madrugada del 12 de mayo con 55 votos a favor, 22 en contra y una abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado).
Durante los seis meses que la presidenta Rousseff estará separada del cargo, las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado y que paradójicamente no fueron necesarias para la aprobación del juicio político.
La acusación contra Rousseff es la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables "ilegales" para "maquillar" los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
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