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El gobierno de Estados Unidos presentó este viernes un recurso ante el Tribunal Supremo contra el fallo emitido el jueves por un juez federal de Hawái, que redujo el alcance del veto migratorio del presidente, Donald Trump, a refugiados y ciudadanos de Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia
El titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions expresó en un comunicado que "El Tribunal Supremo debe corregir lo dicho por esta corte inferior. Ahora, regresamos a regañadientes directamente al Tribunal Supremo para reivindicar de nuevo el cumplimiento de la ley y el deber del poder Ejecutivo de proteger a la nación".
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El pasado jueves el juez federal de Hawái, Derrick K. Watson contradijo las directivas emitidas por el Gobierno de Trump y determinó que pueden entrar a EE.UU. los abuelos, tíos y otros familiares cercanos de refugiados y nacionales de las seis naciones de mayoría musulmana afectadas por el veto migratorio parcial.
Desde la entrada en vigor del veto parcial de Trump el pasado 29 de junio, solo podían ingresar a Estados Unidos aquellos individuos que pudieran demostrar su relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estuvieran residiendo en territorio estadounidense.
En su decisión, Watson consideró que las distinciones del Gobierno en cuanto a los familiares que pueden entrar a Estados Unidos representan "la antítesis del sentido común".
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"El sentido común dicta, por ejemplo, que la categoría de familiares cercanos incluya a los abuelos. De hecho, los abuelos son el epítome de los familiares cercanos. La definición del Gobierno les excluye, y eso simplemente no puede ser", argumentó Watson.
En el recurso presentado por el Departamento de Justicia argumentó que el fallo de Watson "vacía de contenido" la decisión sobre "familiares cercanos" tomada por el Supremo, una instancia superior.
Jeff Sessions consideró que el juez Watson se extralimitó, ha abarcado poderes reservados a la rama Ejecutiva y ha "socavado la seguridad nacional".
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La entrada en vigor del veto del Gobierno de EE.UU. fue posible gracias a una decisión del Tribunal Supremo, que determinó que la medida podía implementarse de manera temporal hasta que los jueces estudien a fondo su legalidad durante una audiencia, probablemente en la primera semana de octubre.
