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Infiltrados en movilización de personas con discapacidad pasaron a la justicia ordinaria.

Infiltrados en movilización de personas con discapacidad pasaron a la justicia ordinaria. | Foto: ABI

Publicado 29 abril 2016





Dos infiltrados en el movimiento de las personas con discapacidad fueron remitidos a la justicia ordinaria por el delito de daños a la propiedad del Estado.

El Gobierno de Bolivia y representantes de las personas con discapacidad de los nueve departamentos que conforman el país firmaron este viernes un acuerdo de 42 puntos que optimiza la atención orientada a mejorar la calidad de vida de ese sector.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, felicitó a quienes por muchas horas trabajaron junto al Ejecutivo para alcanzar los acuerdos, que hacen referencia al ámbito de la educación, salud, empleo, vivienda entre otros.

"Valorar la paciencia, el trabajo que se realizó en este tiempo, estamos comprometidos a cumplir  estos 42 acuerdos (...) en nombre del presidente Evo y del vicepresidente no queda más que desearles un feliz retorno a sus departamentos", indicó.

Por su parte Roberto Nacho, representante de las personas con discapacidad, indicó que la firma del acuerdo se realizó previa consulta a sus bases y destacó que muchos puntos pactados se ejecutarán de inmediato.

"Esperamos que las personas que hoy día están en actitud de protesta puedan reflexionar y consecuentemente celebrar en muchos casos en estas demandas que están siendo atendidas y que formaron parte de sus demandas a lo largo de la marcha", mencionó.

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El corresponsal de teleSUR en Bolivia, Freddy Morales, informó la mañana de este jueves el inicio de los diálogos previo al acuerdo alcanzado.

Tras un mes de marcha por el país exigiendo asistencia social para los discapacitados, y con ello un bono estatal a quienes lo padecen; unos 500 discapacitados intentaron entrar a la fuerza al Palacio de Gobierno en La Paz porque querían hablar personalmente con el presidente Evo Morales.

Entre las solicitudes que los discapacitados pedían al Ejecutivo estaban:

1- La posibilidad de trabajo para personas con discapacidad en la administración pública. En caso de que la persona tenga una discapacidad muy grave, que sea un familiar del mismo quien trabaje en el sector público. En este sentido, el corresponsal indicó que la legislación boliviana ya determina que el 4 por ciento de todos los cargos públicos debe estar ocupados por personas con discapacidad.

2- Un bono mensual de 500 bolivianos para las personas que padecen alguna clase de discapacidad, esto sería un poco más de 72 dólares.

3- Implementación de centros de rehabilitación y de otros aspectos que sirvan de ayuda para estas personas.

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En contexto
El Gobierno de Bolivia rechazó la posibilidad de otorgar un bono mensual a las más de 60 mil personas que padecen discapacidad porque esto podría afectar notoriamente las arcas fiscales.
Cumplir con esta petición podría significar un presupuesto anual mucho mayor al que se le otorga a cuatro gobernaciones de cuatro departamentos de los nueve que tiene el país, destinados a atender a más de un millon de personas, detalló Morales.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, por su parte, reafirmó "la voluntad de diálogo del Gobierno", pero insistió en que la pretensión del bono mensual es "inviable" y "no racional".

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