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El Salvador dio inicio a una investigación por la desaparición forzada de 10 niños y una mujer en 1982 durante un operativo militar en el departamento de Chalatenango (norte), iniciativa ordenada por la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de ese país centroamericano.
La medida se dio luego de estimar un recurso de habeas corpus que persigue "evitar los arrestos y detenciones arbitrarias" por la desaparición forzada de María Amparo Romero, un hijo de ésta y los menores de edad Elvira Orellana, José Rafael Franco, Pastor Serrano, Gladis Serrano, Norberta Serrano, José Mauricio Menjívar, Rosa Morena Orellana, Milagro Navarro y Marcos López.
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El tribunal dio órdenes al ministro de Defensa, David Murguía Payés, y al jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Rafael Melara Rivera, a que proporcionen información sobre el operativo militar donde desaparecieron las 11 personas en el marco de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
La Fuerza Armada es señalada de obstaculizar la labor de determinar lo que sucedió con los desaparecidos y de no dar acceso de información a los familiares de las víctimas, acción que va en contra de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos.
