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La Cámara de Representantes de Estados Unidos (EE.UU.) aprobó este viernes recursos especiales para atender la crisis generada por miles de menores indocumentados que atraviesan la frontera. Sin embargo es poco probable que se convierta en ley.
La cámara baja del Congreso, dominada por los republicanos, aprobó por 223 votos contra 189 un paquete de 694 millones de dólares destinados a la seguridad fronteriza, el cumplimiento de las leyes migratorias, asistencia humanitaria y prevención de la inmigración ilegal.
Este monto apenas una fracción de los tres mil 700 millones de dólares que Obama solicitó al Congreso para atender la emergencia, lo que hace poco probable su aplicación legal.
El proyecto tampoco es aceptado por los demócratas en el Senado, que el jueves fracasaron en aprobar su propio proyecto por dos mil 700 millones de dólares para la crisis fronteriza.
La medida destinaría recursos para aumentar la capacidad para acomodar y deportar a los menores que entraron solos ilegalmente al país.
Además incluiría una enmienda a la ley de 2008 contra el tráfico de niños, de modo que los menores de países no fronterizos con Estados Unidos puedan ser deportados rápidamente, como se realiza con aquellos que provienen de México.
"El presidente debe tomar el liderazgo y mitigar la crisis, revirtiendo la ola de inmigrantes ilegales y haciendo cumplir las leyes", dijo el presidente de la comisión de Adjudicaciones de la Cámara, Hal Rogers.
ONU denuncia
Este jueves, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, denunció el proyecto de Washington de devolver a sus países de origen a los menores en situación irregular provenientes de América central.
"Hay unos 57 mil menores solos en Estados Unidos. Estoy especialmente preocupada, ya que Estados Unidos parece estar dispuesto a devolver a una mayoría de ellos", declaró Pillay a los periodistas en Ginebra.
La masiva oleada de menores, que principalmente provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, ha desbordado a las autoridades y ha agotado los recursos del Gobierno federal.
