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Ante la negativa de Barack Obama de firmar la renovación de las sanciones contra Irán, el Congreso haciendo uso de la Constitución aprobó la medida por una extensión de 10 años.
Al conocer la decisión contra el país persa, la Casa Blanca emitió un comunicado explicando que “La Administración [estadounidense] tiene, y continúa utilizando, todos los medios necesarios para renunciar a las sanciones pertinentes levantadas como parte del acuerdo nuclear”.
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A pesar de la negativa presidencial, el Congreso podría aprobar las nuevas sanciones contra el país persa. Según la Constitución estadounidense, el presidente de la nación tiene un plazo de 10 días después de que el parlamento apruebe un proyecto de ley para firmarlo, vetarlo o permitir que se convierta en ley. Pasado el tiempo, si el documento no ha recibido el visto bueno del mandatario, el Congreso tiene la facultad de convertirla en la ley, siempre y cuando, esté todavía constituido.
El Gobierno iraní había advertido que si EE.UU. llegase a renovar las sanciones, violaría el acuerdo nuclear y, por ello, Washington sería responsable de los perjuicios y las repercusiones negativas en el caso de adoptar esta medida.
El acuerdo nuclear conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por su sigla en inglés), precisa que Estados Unidos se ha comprometido a no imponer nuevas sanciones o adoptar medidas que contradigan las metas y el espíritu de ese pacto.
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Los países miembros del Grupo 5+1 (EE.UU., el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania) llegaron en julio de 2015 a un acuerdo con Irán para aliviar las sanciones contra Teherán a cambio de limitaciones en las actividades nucleares del país persa.
