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El presidente de la corporación hotelera Camino Real, Carlos Enrique Montero Castillo, fue arrestado en Guatemala acusado de fraude, informó la Fiscalía de ese país centroamericano.
Montero Castillo es el representante legal de Hotel Camino Real Sociedad Anónima, y está señalado por los delitos de "defraudación aduanera y caso especial de defraudación".
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El empresario apareció en la portada de la edición de mayo-junio de 2016 de la revista Forbes Centroamérica, donde se le dio a conocer como "El empresario más Hospitalario" y destacaron" su emprendimiento, así como la extensión de la oferta hotelera de su empresa hacia el país vecino de Belice".
Este domingo, las autoridades también detuvieron a un empleado administrativo de la corporación, Óscar Humberto Jiménez Contreras, mientras estaba en su vivienda, ubicada en la capital, y acusado de los mismos delitos.
Fuentes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) mencionadas por la prensa local aseguraron que en esta investigación, que se viene desarrollado desde hace varios años, la cantidad defraudada es "fuerte" y algunos medios mencionan la cuantía de 21 millones de quetzales (unos 2,7 millones de dólares).
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La Fiscalía anunció a primera hora de este día que realiza un operativo junto con personal del Ministerio de Gobernación (Interior) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para desarticular una red de defraudación, aunque no brindó más detalles.
La SAT señala que el caso se venía tratando en los tribunales desde hacía varios años, no obstante, proporcionarán más datos al concluir el operativo.
Las órdenes de aprehensión fueron giradas por el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal. Dicho cuenta con la coordinación interinstitucional del MP, SAT, Ministerio de Gobernación y el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
De acuerdo con información del Organismo Judicial, Montero Castillo fue ingresado a la Torre de tribunales a las 00.26 horas y fue trasladado a las 02.28 horas a un hospital privado, ya que presentaba problemas de salud.
En contexto
La corrupción es uno de los principales retos que enfrenta el gobierno del presidente Jimmy Morales.
En marzo pasado fue intervenida Aceros de Guatemala, por la supuesta defraudación fiscal por alrededor de Q255 millones 612 mil 266.82, así como la obtención anómala de un crédito fiscal a exportadores por Q11.8 millones, dos meses después la empresa pagó Q782.9 millones, correspondiente a la cantidad evadida, una multa del 100 por ciento e intereses.
Dos meses después, la empresa Ajemaya S. A., propietaria de la marca de bebidas gaseosas Big Cola, pagó Q27.8 millones a la SAT, por un adeudo que la empresa tenía desde 2013. No se procedió a una intervención debido a que el proceso que se llevaba a cabo con la empresa era administrativo y la compañía decidió que de manera voluntaria haría el pago.
En mayo, el Tribunal Décimo Tercero Penal ordenó igualmente intervenir las Farmacias de La Comunidad, por un caso de defraudación tributaria, equivalente a Q5.8 millones.
El caso más reciente se registró el pasado 29 de junio, cuando la SAT intervino la exportadora de café Bero de Guatemala, S. A., por una serie de inconsistencias detectadas durante una contabilidad registrada en períodos fiscales entre 2007 y 2011.
