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El abogado del capitán Ányelo Palacio aseguró que como la destitución fue en primera instancia, puede apelar.

El abogado del capitán Ányelo Palacio aseguró que como la destitución fue en primera instancia, puede apelar. | Foto: elespectador.com

Publicado 14 abril 2016



Luego de destituirlo en primera instancia, el capitán solicitó una apelación. Solo en segunda instancia el oficial saldría de la institución.

El capitán de la Policía Nacional de Colombia, Ányelo Palacios, fue destituido este jueves en primer instancia por 12 años luego de que denunció la existencia de una red de prostitución dentro del organismo de seguridad, conocida como Comunidad del anillo.

La comunicación se realizó por una investigación disciplinaria en contra del oficial, en el Departamento de Policía del Caquetá, al suroriente de ese país.

En la nota informaron que el capitán Palacios había sido trasladado desde ese departamento a la Policía Metropolitana de Bogotá, a una unidad administrativa, el pasado primero de abril. Estos movimientos se dieron por razones de seguridad, dado que el agente policial denunció previamente amenazas.

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El diario digital Semana calificó de presunto el secuestro a este policía el pasado 12 de marzo. Indicaron que supuestamente se fugó un día después.

El abogado de Palacios, Jesús Vergara, declaró a varios medios de comunicación que ante ese dictamen en primera instancia su representado podría apelar.

La noticia de su destitución se difundió el mismo día en que Caracol Radio reveló un caso de soborno por parte de Palacios a un comerciante Henry Mauricio Hernández, de Florencia (Caquetá) cuando era comandante de la Policía de esa jurisdicción.

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Hernández aseguró que Palacios le entregó a otro oficial alrededor de 100 dólares (más de 500 mil pesos) para que le quitaran un sellado al negocio de este de venta de licor. Indicaron que este soborno se dio en junio de 2015.

“Yo le prestaba los vehículos de mi propiedad para salir a rumbear, pero después de un cumpleaños de él no se los volví a prestar porque me entregó un carro averiado. Cuando me lo pidió nuevamente prestado, no acepté y de una llegó una patrulla de tránsito a quitar un vehículo que estaba mal estacionado frente a mi establecimiento (...) Lo hizo para ejercer presión o desquitarse”, se lee en la denuncia.

“Me pedía 400, 500 mil pesos. Yo le mandé plata hasta con Angie Calderón, mi empleada de confianza, quien le llevó el dinero en efectivo”, dijo el comerciante a la emisora.

Ante el choque de denuncias, la investigación sigue en pie desde hace poco más de un mes por el Servicio de Inteligencia de la Policía (Sipol) que todavía recopila pruebas.

Palacios aún se encuentra en funciones, y solo en segunda instancia se formalizaría la salida definitiva de la institución.

Palacios pide a Procuraduría revisar su caso.

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Este mismo jueves presentó una solicitud a la Procuraduría General para que ejecute un preferente en su proceso, porque expresó que existe un complot en su contra para sacarlo de la instancia policial.

Él atribuyó la destitución por haber denunciado la existencia de la red de prostitución. 

Sostuvo que por esto no cuenta con las garantías procesales cuando presentó el recurso de apelación.

El Espectador publicó que el propósito de Palacio es que el ministerio Público asuma el caso y falle en segunda instancia. 

El medio apuntó que Palacios cree que no contó con un debido proceso en la investigación que le adelantaron por una declaración no autorizada a medios de comunicación.

Un procurador revisará el proceso disciplinario interno que comenzó la Policía Nacional, para verificar las pruebas.

En 15 días la Procuraduría General debe decidir si acepta o no la solicitud presentada por Palacio.

Se tiene previsto un pronunciamiento de la Policía Nacional sobre este caso.

La Policía Nacional se permite informar:

1. La Inspección General aperturó investigación al oficial en noviembre de 2015, por una presunta trasgresión al régimen disciplinario de la Policía Nacional, relacionada con injuria, calumnia, omisión de denuncia e incumplimiento de normas internas.

2. La investigación se desarrolló mediante procedimiento verbal disciplinario público, garantizando el debido proceso y permitiendo el ejercicio efectivo al derecho de defensa, mediante apoderado judicial.

3. La Procuraduría General de la Nación ha venido realizando vigilancia especial al expediente como garante de los derechos procesales del investigado.

4. El lunes 11 de abril de 2016, en audiencia pública, se profirió decisión disciplinaria de primera instancia, consistente en destitución. Actuación notificada personalmente al abogado del oficial.

5. La decisión fue apelada por el apoderado del capitán Palacios y surte el trámite correspondiente en segunda instancia, momento en el que habrá fallo definitivo.

6. La Policía Nacional da cumplimiento estricto a los parámetros legales que rigen la acción disciplinaria y respeta los derechos que le asisten a los investigados.
 


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