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El instituto que preside el exmandatario brasileño se pronunció en contra de la decisión del juez Sergio Moro, quien aceptó la denuncia contra Lula por corrupción.
El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, es víctima de una cacería judicial con la que buscan excluirlo de la vida política, así lo denunció este martes el Instituto Lula.
La delación fue realizada horas después de conocerse la decisión del juez federal, Sergio Moro, quien acogió la denuncia presentada por fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato contra el exmandatario.
"Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia" presentada por la Fiscalía, dijo Moro en una nota a la prensa.
El instituto Lula destacó que el pueblo brasileño y la comunidad internacional saben que esta medida es parte de un proceso de cartas marcadas. “Moro ha confirmado su parcialidad contra Lula”, algo que ya ha sido denunciado ante el Supremo Tribunal Federal y la Corte Internacional de Derechos Humanos de la ONU, por el carácter de abuso de poder que ha demostrado Moro.
En el comunicado afirmaron que la denuncia contra Lula es de carácter meramente político, además, es el resultado de una serie de arbitrariedades y violaciones de derechos.
Recordaron que en las pesquisas realizadas contra el exmandatario participaron al menos 300 agentes del Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de Hacienda, quienes no hallaron pruebas que lo relacionen con los desvíos de Petrobras.
“Ninguna cuenta secreta, en Brasil o en el exterior; ninguna empresa de fachada; ningún pago ilegal, directo o indirecto, fueron encontrados", destacan.
El Instituto Lula recalcó que lo único que presentó el Ministerio Público Federal fue una denuncia inverosímil e insustentable en el Derecho Penal, basada en hipótesis y convicciones.
Moro admitió que los elementos probatorios contenidos en la acusación por presunta corrupción pasiva y lavado de dinero son cuestionables; “pero en esta fase preliminar (del proceso) no se exige conclusión respecto a la responsabilidad criminal, sino apenas justa causa”.
En contexto
Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil, es acusado directamente por los fiscales federales en relación con su presunta participación en el esquema de sobornos en la petrolera contratada por el Estado.
A fines de julio, Lula interpuso una demanda ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, en la que denunció la cruzada judicial lanzada en su contra y resaltando las violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y los abusos de poder por parte de Moro y los fiscales de Lava Jato.
La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha señalado en reiteradas ocasiones que las demandas por corrupción interpuestas contra Lula da Silva buscan evitar que se mida en las elecciones presidenciales de 2018.
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