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Para el 31 de mayo quedó fijada la audiencia de imputación de cargos contra el general (r) Mario Montoya, quien fue comandante del Ejército de Colombia en el gobierno de Álvaro Uribe mientras Juan Manuel Santos se desempeñaba como Ministro de Defensa, por omisión en siete casos de falsos positivos.
La decisión la dictó el fiscal Eduardo Montealegre e incluye una medida de aseguramiento. Según señaló una fuente judicial a la revista Semana se tomó esta medida “por las omisiones del general, quien en su cargo como comandante del Ejército pudo evitar la realización de ‘falsos positivos‘ en las unidades militares".
La investigación que se le sigue tiene que ver con la muerte de unos civiles que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate en siete de las unidades militares del Ejército, incluyendo las de Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca.
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Dos de las ejecuciones extrajudiciales corresponden a un par de jóvenes de Soacha que en 2008 despertaron el escándalo de los falsos positivos en el país. Las irregularidades cometidas por el general estaban en la mira de la Fiscalía desde los presuntos excesos que se presentaron en la “Operación Orión” que se efectuó en 2002 en la comuna 13 de Medellín donde se registraron varias desapariciones forzadas.
En esa jornada que fue parte de 20 operaciones militares para retomar el control territorial de la zona se reportaron violaciones a los DD.HH. por parte del agentes del Estado colombiano.
Montoya también tendrá que responder por la masacre de San José de Apartadó, en el año 2005, que de acuerdo a la información que se maneja fue cometida por paramilitares de alias don Berna en Urabá con apoyo de unidades militares.
Este general siempre estuvo rodeado de señalamientos de nexos con paramilitares y narcotraficantes, algunos de ellos hechos por Salvatore Mancuso y el ‘Tuso’ Sierra. Incluso en su expediente figura la declaración del coronel Robinson González del Río, quien aseguró que él les pedía a sus hombres “ríos de sangre”.
Torres Escalante también tendrá que responder a la justicia
Otro sobre los que pesa una decisión de la Fiscalía es sobre el general activo Henry William Torres Escalante quien se entregó en la mañana de este lunes después de que se dio a conocer una orden de captura en su contra por su presunta responsabilidad en el homicidio de dos personas que fueron presentadas como muertas en combate cuando él estuvo al mando de la Decimosexta Brigada en Casanare.
Las víctimas fueron Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años de edad respectivamente, padre e hijo, quienes murieron acribillados en marzo del 2007 en la finca El Triunfo, situada en Aguazul. Estos hechos forman parte de un expediente que contiene 85 casos de este tipo de asesinatos de lesa humanidad que se registraron entre el 2005 y el 2007 y forman parte de un proceso del viejo sistema penal.
En este caso además de presentarlos como guerrilleros muertos en combate se buscaba silenciarlos porque habían presentado unas denuncias sobre otro falso positivo.
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Ya el general había sido oído en versión libre por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia porque un juzgado de Paz de Ariporo (Casanare) trasladó copias para que se le investigara.
Una de las acusaciones que pesan en su contra fue hecha por el teniente del Ejército (r) Marco Fabián García, quien está condenado a 22 años de prisión por un falso positivpo, porque “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”.
Una fuente de la fiscalía señaló a medios locales que estas dos autoridades a pesar de la información que tenían, no hicieron lo necesario para castigar y evitar este tipo de acciones.
Además, a Torres Escalante se le investiga por otras ejecuciones extrajudiciales en Hato Corozal y Paz de Ariporo, municipios del Casanare, donde era el comandante de la Brigada 16 del Ejército, que tiene a su cargo esa zona.
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Uno de los casos que es parte del proceso es el asesinato del campesino José Mendivelso a quien, de acuerdo a los datos de la Fiscalía, lo obligaron a vestir un uniforme de Policía y a calzarse botas antes de ser asesinado y presentado como un supuesto guerrillero.
Hasta el año pasado Torres Escalante fue jefe del Comando Conjunto Número Dos del Suroccidente, que tiene a su cargo los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Después de la citación a interrogatorio en la Fiscalía fue removido del cargo y se desconoce a qué área fue designado.
En contexto:
Las investigaciones por ejecuciones extrajudiciales en Colombia incluyen a unos 22 generales. Aún está pendiente el llamado al general Jorge Arturo Salgado Restrepo, actual director de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, a quien se ordenó investigar por las muertes de dos personas en Antioquia en el 2006.
Según una organización defensora de los derechos humanos, más de cuatro mil personas han sido asesinadas por militares ypolicías colombianos, cuyos cuerpos eran presentados como insurgentes muertos en combate a cambio de ascensos y condecoraciones.
La Fiscalía General ha investigado a unos mil 573 miembros del Ejército Nacional, de los cuales 501 son oficiales, entre coroneles, mayores, capitanes y tenientes. Otros son sub-oficiales y soldados.
También a más de 80 integrantes de la Armada, entre ellos un coronel, un teniente de fragata, dos tenientes, varios sub-oficiales y soldados. Además otros 50 casos de la policía nacional.
