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Mancuso debía recibir una pena de 40 años y ésta le fue rebajada a ocho años. (Foto: Archivo)

Mancuso debía recibir una pena de 40 años y ésta le fue rebajada a ocho años. (Foto: Archivo) | Foto: Archivo

Publicado 28 noviembre 2014

Mancuso cumple condena en EE.UU. por narcotráfico, lavado de activos y financiamiento al terrorismo por lo que deberá completar su deuda con la justicia de ese país antes de responder por sus crímenes en Colombia.

La justicia colombiana, ordenó al cabecilla paramilitar Salvatore Mancuso, reparar a nueve mil 500 víctimas de la organización de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acusadas, entre otras, de masacrar a más de 11 mil personas.

En el amplio fallo que contiene más de cuatro mil 500 páginas, la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz se pronunció sobre los patrones criminales ejecutados por Mancuso, en su condición de comandante quien incurrió en graves violaciones a los derechos humanos.

La sentencia analiza mil 425 hechos, que involucran 175 cargos por violencia de género, 609 cargos por desaparición forzada, 405 cargos por desplazamiento forzado, 149 cargos por reclutamiento forzado y 87 cargos por homicidio.

La magistrada encargada ordenó que el cabecilla paramilitar pida perdón a las víctimas de violencia de género.

Investigadores de la Fiscalía afirmaron que esta sentencia es una de las más importantes en Justicia y Paz porque reune patrones de macrocriminalidad que permitirán acelerar otros procesos contra más postulados.

"Estos patrones van a permitir que haya más fallos con terminación anticipada en Justicia y Paz", dijo un investigador.

En contexto

Mancuso fue extraditado a Estados Unidos (EE.UU), por el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en el año 2008 por narcotráfico.

Uribe Vélez sancionó la Ley 975 en 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz y aprobada por el Congreso de la República de Colombia. El propósito de la Ley 975 era crear un marco jurídico viable para adelantar un proceso de “desmovilización paramilitar”. Mancuso, se entregó a la justicia colombiana para recibir los beneficios que de la Ley derivan, y la pena máxima para alguien que se someta a esta “ley” es de ocho años independientemente de la gravedad del crimen cometido.


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