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La Fiscalía General de Colombia reafirmó este miércoles que la masacre de Mapiripán, Meta, ocurrida entre 15 y el 20 de julio de 1997, constituyó un crimen de lesa humanidad al considerar que se trató de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, por lo que se evitó la prescripción de las investigaciones.
La Dirección Especializada de Derechos Humanos de la Fiscalía, a través de una providencia de 27 páginas, dio respuesta a la solicitud de las víctimas a la declaratoria de lesa humanidad de este caso.
“La Fiscalía procede a reafirmar la calificación de crimen de lesa humanidad, por cuanto, según se afirma en la providencia, los crímenes cometidos con ocasión de la toma violenta del municipio de Mapiripán ya fueron declarados formalmente como crimen de lesa humanidad por parte de la Corte Constitucional“, señaló la decisión de la Fiscalía.
El fiscal del caso también respaldó esta declaratoria de lesa humanidad en la sentencia del 15 de septiembre de 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la que declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por lo sucedido en Mapiripán.
El caso
Los hechos ocurrieron entre el 15 y 20 de julio de 1997 cuando un comando de paramilitares provenientes del Urabá masacraron a al menos 50 habitantes de Mapiripán, Meta.
La matanza fue cometida por un centenar de integrantes de las entonces autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que lideraba el extinto exjefe paramilitar Carlos Castaño Gil, con la complicidad de altos oficiales del Ejército y de la Fuerza Pública, como los generales Jaime Humberto Uscategui y Rito Alejo del Río, y el coronel Hernán Orosco Castro.
Según el relato de los hechos entregados a la Fiscalía, por un lapso de seis días sometieron con violencia a la población, impidieron el ejercicio de los derechos de locomoción y comunicación, y cerraron oficinas públicas; acciones con el objetivo de controlar las torturas y asesinatos de los pobladores.
