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Las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia dejaron "mensajes" en las casas de los habitantes de San José de Apartadó.

Las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia dejaron "mensajes" en las casas de los habitantes de San José de Apartadó. | Foto: Milton Henao

Publicado 29 agosto 2017

La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó la prohibición constitucional del paramilitarismo este lunes con una votación de 99 a favor y 10 en contra.

La violencia paramilitar en Colombia se configura como el obstáculo más grande para consolidar una paz estable y duradera para los colombianos tal y como quedó consignado en los acuerdos de La Habana. 

Los grupos neo paramilitares, herederos del paramilitarismo o Bandas Criminales como los llama el Gobierno del  presidente Juan Manuel Santos, siguen generando amenazas, asesinatos y desplazamiento en los territorios. 

El hecho más reciente tuvo lugar el pasado 12 de julio en San José de Apartadó, jurisdicción del municipio de Apartadó en Antioquia (noroeste), cuando las viviendas de sus habitantes amanecieron con graffitis que anunciaban la llegada de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. 

“AGC llegamos para quedarnos” se lee en los letreros que fueron dejados por integrantes las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

 

 

Las denuncias no se hicieron esperar por parte de los habitantes de las 32 veredas que componen este corregimiento ubicado en el Urabá antioqueño, escenario de los capítulos más cruentos del accionar paramilitar.

La respuesta de miembros de la fuerza pública que hace presencia en ese territorio ante las denuncias generó más temor que los propios grafittis. “Lo triste es que las autoridades están diciendo que fue la misma comunidad y que no pasa nada“ sostiene un campesino de la zona con el que dialogamos y quien nos pidió la reserva de su identidad. 

Ante la poca respuesta institucional, los habitantes de esta región procedieron a borrar los letreros y en cambio dibujaron paisajes alusivos a la paz. “Vamos a cerrar una página y juntos abriremos una nueva historia donde la reconciliación sea la protagonista” dice uno de los mensajes escritos por los campesinos. Ver fotos.

Es conocido que en la década de 1990 y 2000 tras la aparición de letreros que dieron cuenta de la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, le siguieron la ejecución de varias masacres en esta región del país. 

 

La última de estas masacres ocurrió el 21 de febrero de 2005 cuando integrantes del grupo paramilitar Héroes de Tolová asesinó a ocho campesinos, entre ellos una niña que cuya garganta le fue cortada con  arma blanca, según los testimonios de la comunidad. 

“Siguen detrás de este territorios, de esta  serranía, de todos los recursos que hay en estas tierras”, sostiene el campesino. 

La nueva arremetida del paramilitarismo ha generado recientes violaciones a los Derechos Humanos en Colombia. El último informe de la oficina la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) da cuenta de 7.000 desplazados en lo que va corrido de 2017, de los cuales 90 por ciento son autoría de grupos paramilitares, según expertos en el conflicto. A ello se suma las amenazas en contra de líderes sociales y los asesinatos que sobrepasan los 70 este año. 

Según el último informe de la Fundación Paz y reconciliación, por la poca presencia del  Estado en los territorios que fueron dejados por las FARC-EP. De acuerdo con el informe, de los 242 municipios en donde hacía presencia las FARC-EP, 74 han sido copados por grupos paramilitares. 

El Urabá antioqueño ha sido una de las regiones de Colombia que más ha sufrido la violencia paramilitar. En San José de Apartadó los asesinatos ejecutados por el paramilitarismo llegan a 300, que se suman a un sinnúmero de campesinos que salieron desplazados de sus territorios. 

La plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó la prohibición constitucional del paramilitarismo este lunes con una votación de 99 a favor y 10 en contra.

El Proyecto de Acto Legislativo 015/2017 Cámara- 004/2017 Senado quedó aprobado y a través del mismo "se dictan posiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado".

"El paramilitarismo es un flagelo que ha sacudido la historia del país desde hace décadas como una política del desdoblamiento del Estado en organizaciones que sembraron el terror", argumentó el senador Iván Cepeda.


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