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Sobre el Gobierno de facto pesan no solo actos de presunta corrupción, sino hechos como la masacres de Senkata.

Sobre el Gobierno de facto pesan no solo actos de presunta corrupción, sino hechos como la masacres de Senkata. | Foto: EFE

Publicado 16 noviembre 2020


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El regreso a la democracia en Bolivia ha revelado la magnitud de los hechos de corrupción del régimen de facto de Áñez

Tras la toma de posesión del presidente Luis Arce, en Bolivia, comienzan a revelarse hechos de corrupción e irregularidades ocurridos durante el Gobierno de facto que, encabezado por Jeanine Áñez, dirigió el país durante once meses tras el golpe de Estado de noviembre de 2019.

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Wilfredo Chávez, quien encabezó la comisión de transición entre una y otra administraciones, declaró al respecto: “Hemos participado en la comisión de transición y para  ese  efecto visitamos los 17 despachos ministeriales para conocer el estado en el que se encuentran. En ese trabajo hemos sido prácticamente maltratados por este Gobierno golpista saliente [...] hemos detectado muchos casos de corrupción, cinco son  emblemáticos”.

El ahora Procurador General del Estado denuncia que algunas de las irregularidades, posibles actos de corrupción serían: el robo de documentos del ministerio de Salud; la interrupción de la entrega del subsidio de lactancia; la titulación irregular de tierras en favor de la familia Marinkovic, un pago millonario irregular hecho por el Viceministerio de Vivienda y la falta de asignación de recursos para la subvención del diésel.

Chávez añadió que no recibió información completa y que en muy pocos casos los titulares salientes de los ministerios estaban presentes en la entrega: "Lo que generamos es información que no cumple con las expectativas mínimas que tratamos de reunir como comisión".

De acuerdo al nuevo ministro de Economía, Marcelo Montenegro, Áñez dejó las arcas del Estado con “algo más de 580 millones de dólares” y no con los 2.400 millones que anunció hace dos semanas el entonces ministro Branko Marinkovic: "Dejaron datos a la comisión  que no reflejaban la realidad", sostuvo Montenegro.

En el caso del ministerio de Salud, destacan el robo de documentación y computadoras de la Unidad de Proyectos, la cual está relacionada con el caso de presunta sobrefacturación en la compra de respiradores españoles y chinos, en medio de la pandemia de la Covid-19; según Chávez "podemos entender que se han robado esa información para que no podamos conocerla", sostuvo.

Otro caso señalado sería la entrega de unas 33.000 hectáreas a la familia del saliente ministro de Economía, Branko Marinkovic, "sin  esperar los 30 días necesarios para la posible impugnación. Han devuelto a esa familia una laguna a la que hace tiempo no se le permitía ingresar a los hermanos indígenas”, denunció Chávez.

Otro acto irregular fue el pago de 37 millones de dólares del Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Viviendas, a la empresa Rosendo Barbery, bajo el concepto de  construcción de viviendas.

Estos casos sería, apenas, la punta del iceberg de los hechos de presunta corrupción ocurridos durante el régimen de facto.


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