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En esa reserva, hay nueve áreas protegidas de gran biodiversidad, entre ellas dos territorios indígenas de las etnias Aparai, Wayana y Wajapi.

En esa reserva, hay nueve áreas protegidas de gran biodiversidad, entre ellas dos territorios indígenas de las etnias Aparai, Wayana y Wajapi. | Foto: EFE

Publicado 25 septiembre 2017

El decreto que dejaba a la Renca desprotegida generó rechazo en miles brasileños y sobre todo en grupos ambientalistas.

El gobierno de facto de Brasil decidió derogar este lunes el decreto que extinguía la Reserva Nacional del Cobre y sus Asociados (Renca), un área amazónica de 46.000 kilómetros cuadrados (el tamaño aproximado de Dinamarca), tras desatar fuertes críticas dentro y fuera del país suramericano.

"Estamos esperando últimos contactos con el ministro para ofrecer más detalles, pero de momento podemos decir que el decreto será derogado hoy (este lunes)", informaron fuentes del Ministerio de Minas y Energía.

La extinción, propuesta por el Ministerio de Minas y Energía en marzo, permitiría la concesión para también la explotación minera de aproximadamente cuatro millones de hectáreas en South border y suroeste con Amapá el Noroeste de Pará.

De acuerdo a fuentes oficiales, el decreto anulatorio será publicado este martes en el Diario Oficial de la Unión.

La Renca está situada en el norte de Brasil, en una región de la Amazonía entre los estados de Amapá y Pará; se creó en 1984, a fines de la dictadura militar (1964-1985) para proteger sus importantes reservas de oro, hierro, manganeso y tántalo de los intereses extranjeros.

Desde entonces había permanecido intacta, al margen de algunas pequeñas explotaciones ilegales; sin embargo, en agosto el presidente de facto Michel Temer autorizó por decreto que se eliminara el nivel de protección de la reserva para facilitar las inversiones de la industria minera.

El decreto que dejaba a la Renca desprotegida generó rechazo en miles brasileños y sobre todo en grupos ambientalistas, que argumentaban que la extinción de la Amazonía aceleraría el avance de la minería privada y la deforestación sobre las áreas de preservación. También denunciaron que la decisión del gobierno brasileño causaría uno de los mayores retrocesos ambientales de su historia, impulsado por intereses privados y políticos.


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