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Esa fiscalización estará marcada y regida por los principios del cooperativismo minero.

Esa fiscalización estará marcada y regida por los principios del cooperativismo minero. | Foto: ABI

Publicado 1 septiembre 2016

El Gobierno hasta el momento no ha dado detalles de cuáles son las privadas nacionales o extranjeras subarrendadas, en días pasados el Gobierno señaló que existían más de 30 contratos de ese tipo.

El Gobierno de Bolivia aprobó este jueves, mediante un decreto, la reversión de las áreas y concesiones mineras de los cooperativistas que estén arrendadas a empresas privadas, informó el ministro de Minería, César Navarro. 

"El gabinete ha emitido el primer decreto donde de manera expresa revierte a dominio del Estado las áreas sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos de riesgo compartido arrendamiento y subarrendamiento entre las cooperativas mineras con empresas privadas nacionales o extranjeras", informó el ministro de Minería, César Navarro, en conferencia de prensa.

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Las áreas que vuelven a poder del Estado son aquellas que las cooperativas mineras traspasaron a privados en contratos de riesgo compartido, arrendamiento o subarrendamiento.

Según información ofrecida por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en el país están vigentes 31 contratos suscritos con empresas privadas cuya duración es de 25 años y en casos indefinida.

Mientras que el presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Marcelino Quispe, informó el 26 de agosto que actualmente existen siete contratos suscritos entre cooperativistas mineros con empresas privadas, nacionales y trasnacionales.

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Prohibición de explosivos

Por otra parte, el Gobierno de Bolivia volvió este jueves a prohibir por decreto el uso de explosivos en las movilizaciones sociales tras las protestas de los mineros protagonizados por las cooperativas mineras que acabó en el asesinato a golpes del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y la muerte de cuatro mineros, uno de ellos por manipular explosivos.

La prohibición establece para los infractores una pena de uno a cuatro años de privación de libertad y la reparación del daño contra personas y bienes que pudiera ocasionar el uso de explosivos.

En contexto

El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, presentó recientemente múltiples pruebas sobre el intento de golpe de Estado y las violentas protestas generadas por mineros cooperativistas que asesinaron al viceministro de Gobierno, Rodolfo Illanes.


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