La comisión integrada por el Congreso de Guatemala está en "reunión permanente" para estudiar el extenso expediente que contendría las pruebas contra el expresidente.
La comisión integrada por el Congreso de Guatemala para estudiar la solicitud de antejuicio contra del presidente Jimmy Morales, acusado de financiación electoral ilícita, comenzó este miércoles con el análisis del voluminoso expediente enviado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El presidente de esa instancia, Julio Ixcamey, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), explicó que por ahora no pueden anunciar un cronograma de trabajo sin antes evaluar el expediente que tiene al menos 963 folios; contrario a lo que había anunciado este martes.
Inicia primera reunión de la Comisión pesquisidora que conocerá el antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales. pic.twitter.com/0w7357t04n
— Congreso Guatemala (@CongresoGuate) 6 de septiembre de 2017
Los cinco diputados elegidos por sorteo para integrar la comisión pesquisidora son Julio Ixcamey, de la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Juan José Porras, de Visión y Valores (Viva), Gabriel Heredia, de la UNE, Alicia Beltrán, del Movimiento Reformador (MR), y Eva Nicolle Monte Bac, de Alianza Ciudadana (AC), según medios locales.
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Uno de los vocales de la instancia, Gabriel Heredia, de la UNE, explicó que se han declarado en "reunión permanente" para estudiar el extenso expediente que contendría las pruebas contra de Morales, quien fue secretario general en 2015 del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) con el que ganó la presidencia ese año.
Aunque la ley no establece un tiempo para que se entregue el informe al pleno, el Congreso le dio a esta instancia un plazo de cinco días, aunque Ixcamey anunció este miércoles que de ser necesario pedirá una ampliación del tiempo.
Fuentes oficiales señalan que en 2015, según la investigación preliminar, FCN-Nación habría ocultado financiación por 2,3 millones de quetzales (unos 321.217 dólares) y gastado unos 4,4 millones de quetzales (603.075 dólares) en pauta publicitaria sin haber explicado a la autoridad electoral el origen de los recursos con los que realizó los pagos.