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El juez Moro prohibió que el proceso fuese grabado por considerar que convertirían el acto en un evento político-partidario.

El juez Moro prohibió que el proceso fuese grabado por considerar que convertirían el acto en un evento político-partidario. | Foto: EFE

Publicado 16 mayo 2017

El 20 de junio el primer juicio por corrupción contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva estará listo para sentencia.
 

Los abogados defensores del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, litigarán la nueva decisión proclamada el pasado lunes por el juez federal Sergio Moro, con el objetivo de lograr apartar todas las ilegalidades presentes en el fallo.

El juez Sergio Moro, encargado de la investigación sobre la operación Lava Jato, negó a la defensa y al Ministerio Público Federal (MPF) la oportunidad de presentar nuevos testimonios relacionados con el caso que se sigue en contra de Da Silva por la presunta adquisición de un apartamento en Guarajá, San Pablo, Brasil.

>> Juez federal niega solicitud de testigos a defensa de Lula

Por su parte, el abogado de Lula Crisitano Zanin Martins indicó que la inocencia del exmandatario fue comprobada gracias a las declaraciones de 73 testigos en el caso del triplex del carrizal y, además, se suma el hecho de que el MPF haya solicitado nuevos declarantes, pues eso deja en evidencia que "no disponen de pruebas de la acusación formulada", indicó a través de una nota de prensa.

El comunicado emitido por Martins sostiene que la decisión de Moro está plagada de "errores fácticos y que provoca nulidad insalvable en el proceso, al denegar la realización de pruebas periciales obligatorias para demostrar quién es el real propietario del inmueble, dado en garantía en operaciones financieras por la empresa de ingeniería e infraestructura OAS".

Lula declaró por primera vez el pasado 10 de mayo y negó ser o haber sido propietario del apartamento que dicen utilizó como pago de ventajas indebidas. 

>> Una multitud recibe a Lula tras presentar su declaración ante el juez

Los juristas que se encargan del caso de Da Silva solicitaron un hábeas con el fin de suspender el proceso, debido a que no pudieron analizar los documentos que fueron agregados a la causa por vía digital, sin embargo, este fue negado por el Tribunal Federal de la Cuarta Región de Curitiba.


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