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Una reciente encuesta en Argentina, arrojó que el 72 por ciento de los consultados señala al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre como responsables de la falta de acuerdo con su país.
Una encuesta realizada por el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, arrojó que el 72 por ciento de los consultados señala al juez Thomas Griesa y a los fondos buitre como responsables de la falta de acuerdo con su país.
"La percepción es que el sentarse a negociar con el capitalismo financiero internacional es una cuestión que supera a un gobierno en particular. Entonces, las personas esperan que se superen las coyunturas, incluso la elección de 2015, y se plantee una colaboración. La indiferencia es el peor de los mundos", indicó el titular del Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (Copes), Carlos De Angelis.
El 51 por ciento de los consultados muestran apoyo al Gobierno nacional; un 7 por ciento evitó dar una respuesta concreta.
Por otra parte, el 53,8 por ciento respondió que nota “indiferencia” por parte de los sectores opositores.
Sobre los sectores que muestran mayor inquietud sobre el tema de los fondos buitre, los más preocupados son los jóvenes, donde casi el 39 por ciento entre quienes tienen entre 16 a 29 años respondieron estar "muy preocupados”, al igual que los sectores con menor nivel de instrucción con un 40 por ciento.
La encuesta fue realizada entre el 2 y el 5 de agosto de 2014 en la Ciudad de Buenos Aires y 23 partidos del Gran Buenos Aires. El tipo de encuesta telefónica fue por sorteo de números y basó sus resultados en 558 casos analizados con ponderación a parámetros estadísticos de sexo y edad.
Los fondos buitres aspiran obtener ganancias del mil 600 por ciento por el canje de deuda que mantienen con el Estado argentino; y por el cual no aceptaron ingresar a una reestructuración, a diferencia de una una mayoría de los bonistas.
Por su parte el Estado argentino realizó una demanda contra Estados Unidos ante la Corte Judicial Internacional de La Haya por violar la soberanía de un país y favorecer la decisión parcializada de un juez municipal.
