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El 5 de abril de 1992 el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori en colaboración con las Fuerzas Armadas, anunciaba al país la disolución del Congreso de la nación y la destitución de los miembros del tribunal constitucional.
El objetivo principal de Fujimori era iniciar una reforma del Estado que le permitiera el control para perpetuarse en el poder, irrespetando la democracia, el estado de derecho y la Constitución peruana.
El golpe de Alberto Fujimori
En 1990 Alberto Fujimori, representado por el partido Cambio 90, llegó a la Presidencia mediante un proceso electoral definido en segunda vuelta, en la que se enfrentó con el escritor Mario Vargas Llosa, candidato del partido Frente Democrático.
Para esa ocasión se renovó también el Poder Legislativo conformado por 180 diputados y 62 senadores. Sin embargo, Fujimori no consiguió hacerse con el Congreso y solo pudo obtener una pequeña minoría. Más adelante, las relaciones entre el presidente y los parlamentarios se deterioraron.
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La situación interna atravesaba un difícil momento, ya que el Estado se enfrentaba al grupo insurgente Sendero Luminoso, así como a una severa crisis económica.
Fujimori solicitó al Congreso renovado la concesión de amplios poderes que no le fueron otorgados. En febrero de 1992, el Poder Legislativo aprobó la ley N° 25397, mediante la cual se imponía un control parlamentario sobre los actos normativos del presidente de la República, quien la Cámara del Senado investigaba por supuestas violaciones a los derechos humanos.
Por tal razón, a través de un discurso, Fujimori anunciaba la disolución del Congreso así como la intervención del Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público.
Tras los hechos se instaló en el país un Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Se formó un Congreso Constituyente Democrático que promulgó una nueva Constitución Nacional, el cual le permitió a Fujimori postularse a la reelección (que ganó en el año 2000).
Todo transcurrió frente a la mirada organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la aprobación, según encuestas de la época, de un gran porcentaje de la población.
El Golpe representó un quiebre de la institucionalidad democrática, así como el recorte de libertades y derechos civiles en Perú durante la década de los 90.
El parlamento no está disuelto en Venezuela
En Venezuela, pese a las comparaciones, la situación es totalmente distinta.
La Asamblea Nacional (AN) de ese país se encuentra en condición de desacato por el TSJ desde el 5 de enero de 2016 por juramentar a tres diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) electos por el estado Amazonas el 6 de diciembre de 2015, que fue impugnada debido a hechos de fraude.
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Frente a esta situación de omisión legislativa, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha suplido las funciones de la Asamblea Nacional en desacato ante la necesidad de continuar con el estado de derecho.
La reciente medida del Máximo Tribunal es temporal y se mantendrá hasta que la AN convoque a sesión, acate la medida por el TSJ sobre la desincorporación de los parlamentarios y llame a elección de la Nueva Junta directiva.
El pasado viernes 31 de marzo, la fiscal General de la República Luis Ortega Díaz se pronunció contra las sentencias emitidas por el TSJ alegando que las mismas "constituyen una ruptura del orden constitucional”.
Ante el impasse entre los poderes públicos venezolanos, el presidente Nicolás Maduro convocó a una reunión de urgencia del Consejo de Defensa con el fin de resolver las diferencias entre los poderes públicos de la nación.
El presidente del TSJ, Maikel Moreno, informó que fueron revisadas las decisiones, de acuerdo a lo pedido en el Consejo de Defensa de la Nación.
"Las decisiones emanadas del TSJ no han despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo ha disuelto o anulado", informó Moreno en una conferencia de prensa.
A diferencia de lo ocurrido hace 25 años en Perú, donde fue disuelto el Congreso y se llamó a una Asamblea Constituyente, en Venezuela se sigue garantizando la democracia, ya que AN no ha sido disuelta y se encuentra en funciones, pese a la situación jurídica de desacato.
