La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia rechazó este miércoles la acción de tutela interpuesta por la defensa de Santiago Uribe Vélez y confirmó en firme la condena de 28 años y tres meses de prisión contra el hermano del expresidente Álvaro Uribe. Con esta determinación judicial, se cierra de manera definitiva la última vía procesal que buscaba revertir la pena impuesta.

La resolución desestimó los reclamos de los abogados defensores, quienes alegaban una supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la libertad, la igualdad y el acceso a la administración de justicia dentro del proceso penal.

El objetivo principal de la tutela era que se revisara una decisión previa de la Corte que había rechazado el recurso de casación desde el comienzo. La Sala consideró que dicho recurso no procedía en esta etapa procesal, debido a que el alto tribunal ya se había pronunciado y resuelto de fondo la impugnación especial.

En los argumentos del fallo, los magistrados determinaron que, al revisar la actuación con el límite propio del juez constitucional, no se observa ninguna desviación del ordenamiento jurídico ni vulneración a las garantías superiores invocadas por la defensa de Santiago Uribe, quien purga actualmente su condena en las instalaciones del Batallón de Caballería Juan del Corral, ubicado en el municipio de Rionegro, Antioquia.

LEA TAMBIÉN:

Defensores de derechos humanos en Colombia advierten sobre aumento de ataques

Este panorama judicial se consolida tras el fallo emitido previamente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, la cual ratificó la sentencia de 28 años y tres meses de prisión. Dicha decisión respaldó lo resuelto en su momento por el Tribunal Superior de Antioquia, que halló culpable a Uribe Vélez por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

De acuerdo con el expediente y la investigación, el ganadero participó de manera activa en la conformación del temido grupo paramilitar conocido como “Los 12 Apóstoles”, estructura criminal que operó durante la década de los noventa en el norte de Antioquia, así como en el asesinato de un conductor de autobús en esa misma región del departamento.

El caso llegó a manos de la Sala Penal bajo la ponencia del magistrado Gerson Chaverra, adoptándose las decisiones definitivas para dar claridad jurídica al proceso. El trámite representó una prioridad institucional para el alto tribunal ante el riesgo inminente de que el delito de concierto para delinquir prescribiera por el paso del tiempo.

Para intentar revertir el fallo dictado en segunda instancia el 25 de noviembre de 2025, la defensa había alegado la supuesta falta de credibilidad de los testigos, un presunto complot en contra de su cliente y la prescripción del delito. No obstante, la Corte desvirtuó los argumentos al concluir que el Tribunal Superior de Antioquia valoró correctamente las pruebas y los testimonios que señalan a Uribe como líder del grupo paramilitar.

EN ESTA NOTA: