La organización independiente Somos Defensores contabilizó más de 400 agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales durante el primer semestre de 2026.

El balance, el más reciente de la entidad, representa un alza del 17 % frente al mismo período de 2025 y deja un saldo de 59 activistas asesinados. Su trabajo de monitoreo permanente documenta la situación de quienes ejercen liderazgo social en el país.

El desglose del informe muestra que las amenazas directas, con 240 episodios, constituyen la modalidad más extendida. La cifra supera con creces la suma de los 59 homicidios y los 37 atentados, y se completa con 22 casos de desplazamiento forzado.

La violencia golpea con particular severidad a los pueblos originarios y al campesinado. Así lo señala el monitoreo. Los liderazgos indígenas encabezan la estadística con 113 agresiones y los líderes comunitarios suman 102, entre ambos concentran 215 de los 333 casos desglosados, cerca de dos tercios del total.

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Completan el registro 24 representantes campesinos, 32 activistas de derechos humanos y 62 dirigentes comunales. El mapa del riesgo concentra los casos en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Nariño, el deterioro de la seguridad se extiende además a Arauca, Bolívar, Sucre y la Amazonía.

Cuatro de cada diez ataques guardaron relación con la tensión que acompañó la campaña por la presidencia. La organización advierte que los ciclos electorales disparan la vulnerabilidad de los liderazgos sociales.

Mayo y junio resultaron particularmente cruentos, mientras la atención mediática se volcaba hacia la Copa Mundial de Fútbol, se cometieron 35 homicidios de dirigentes comunitarios y tres atentados armados. Ese tramo concentró así casi seis de cada diez asesinatos de todo el semestre.

La investigación sitúa en primer lugar a agresores sin identificar. Les siguen las estructuras paramilitares, los grupos armados al margen de la ley, las bandas criminales y miembros de la fuerza pública.

Diversas lideresas y defensores de derechos humanos denuncian además el recurso sistemático a las estigmatizaciones, las causas judiciales armadas y el hostigamiento por razones políticas. Señalan como promotores a sectores de Centro Democrático, partido de extrema derecha.

Las organizaciones sociales sostienen que los ataques pretenden contener las luchas colectivas de comunidades que protegen sus territorios ante el avance de los intereses del capital sobre los recursos naturales. La defensa de la tierra y la oposición al despojo aparecen como el denominador común de quienes resultan agredidos.

De esta manera, los colectivos y activistas reclaman respuestas efectivas. La demanda, dirigida a las instituciones del Estado encargadas de la protección territorial, permanece sin atender.

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