Un nuevo proyecto de decreto elaborado por el Ministerio del Interior faculta a la Policía Nacional de Colombia para disolver movilizaciones de manera inmediata, eliminando la obligatoriedad de agotar instancias previas de mediación. La norma impulsada por la administración de Abelardo de la Espriella desmonta el esquema del Decreto 003 de 2021, el cual priorizaba la concertación social antes del despliegue de las unidades antidisturbios. 

Con la entrada en vigor de este protocolo, la fuerza pública podrá intervenir de forma simultánea ante el reporte de bloqueos o alteraciones a la movilidad, relegando la labor de los gestores de convivencia. El Puesto de Mando Unificado asumirá el control de las operaciones en las calles sin exigir la presencia ni el aval obligatorio de los organismos de derechos humanos. 

Desde la perspectiva de las plataformas sociales, esta decisión gubernamental vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 37 de la Carta Magna, abriendo la vía a la represión sistemática del reclamo popular. Organizaciones civiles advierten que suprimir el diálogo previo reactiva los patrones de uso desproporcionado de la fuerza, recordando las trágicas secuelas de traumas oculares y violencia policial registradas durante el Paro Nacional de abril y julio de 2021. 

El articulado impone además un matiz punitivo sobre la participación familiar al establecer sanciones administrativas por la presencia de menores de edad en las marchas. Esta estigmatización afecta directamente a las comunidades campesinas, indígenas y trabajadoras informales, sectores vulnerables que se desplazan de forma colectiva ante la falta de infraestructura de cuidado en sus territorios. 

Dirigentes parlamentarios y defensores de derechos humanos calificaron el proyecto como un «incentivo criminal al desastre», advirtiendo que la eliminación del diálogo previo busca reinstaurar la doctrina de la seguridad nacional e intensificar la brutalidad represiva en las calles.

Paralelamente, exfuncionarios del Ministerio del Interior y organizaciones sociales cuestionaron la maniobra del Ejecutivo de otorgar apenas un plazo de cinco días para observaciones ciudadanas, evidenciando el desprecio de la administración por la participación democrática.

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Asimismo, denunciaron que el anuncio de la Espriella sobre el ingreso de la fuerza pública a los recintos universitarios promueve un cerco represivo y estigmatiza la lucha estudiantil al asociarla deliberadamente con el vandalismo.

Frente a la escalada autoritaria y los intentos del Gobierno de restaurar viejas prácticas de impunidad policial, la clase trabajadora y el estudiantado colombiano ratificaron la convocatoria a las calles en defensa de las libertades democráticas y el derecho constitucional a la protesta.

Detrás de este viraje normativo subyace la doctrina de mano dura promovida por la extrema derecha, corriente política que subordina el derecho a la protesta al mantenimiento del flujo comercial y la propiedad privada. Al encauzar la conflictividad a través del Código de Policía y la legislación penal, el Ejecutivo criminaliza las demandas históricas sobre tierras, salud y servicios básicos. 

Para los movimientos estudiantiles y sindicatos, la pérdida de estas salvaguardas institucionales genera un preocupante efecto inhibitorio sobre la participación ciudadana en la vía pública. La ausencia de garantías mínimas de defensa legal expone a los manifestantes a detenciones arbitrarias, dejando desprotegidos a los sectores populares en las periferias urbanas y zonas rurales. 

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En consecuencia, el borrador del Ministerio del Interior consolida un modelo autoritario de contención social que sustituye la diplomacia interna por la respuesta policial inmediata. La imposición de este decreto profundizará la polarización en el país, sacrificando las libertades democráticas fundamentales en función de una política de orden público, volcada al control coercitivo.  

La reforma a los protocolos de intervención policial se enmarca en la ratificación del marco dogmático fijado por el Consejo de Estado, tribunal que delimitó la protección constitucional del derecho a la protesta únicamente a aquellas manifestaciones que no alteren el orden público ni afecten la movilidad de terceros. 

Esta postura jurisprudencial otorga cobertura legal al Ejecutivo para catalogar las interrupciones de vías y concentraciones masivas como alteraciones a la seguridad pública de intervención inmediata, habilitando el despliegue directo de las unidades antidisturbios.  

El Gobierno de Abelardo de la Espriella propone nuevas reglas para la protesta. El decreto permitiría a la Fuerza Pública intervenir contra actos violentos de forma simultánea al diálogo y la mediación, incluso sin agotar todos los niveles previos de intervención. pic.twitter.com/LwSGnhWKQD

— teleSUR Colombia (@teleSURColombia) September 30, 2026

Desde la perspectiva socioeconómica, el endurecimiento de las medidas de control afecta de manera desproporcionada a las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas, sectores que recurren históricamente a la movilización en las vías como su principal canal de interlocución ante la falta de representación en el Estado. 

Al eliminar las instancias obligatorias de concertación, las demandas históricas por tierras, servicios públicos e infraestructura social quedan expuestas a la respuesta punitiva de las fuerzas de seguridad, profundizando la vulnerabilidad jurídica de los líderes comunitarios. 

En el plano político regional, la orientación adoptada por la administración de la Espriella responde a la consolidación de narrativas de extrema derecha enfocadas en el principio de «Orden y Ley», priorizando la protección de la actividad mercantil sobre el ejercicio de las libertades civiles. 

Este modelo de gestión de la protesta desmantela los avances logrados tras la crisis social registrada durante el Paro Nacional de 2021, sentando un preocupante antecedente de repliegue en las garantías democráticas dentro de la región. 

Al respecto, organizaciones internacionales de derechos humanos mantienen un seguimiento estricto sobre el trámite del decreto, advirtiendo que la inhibición de la manifestación pacífica debilita el tejido social e incrementa los riesgos de violencia institucional. 

El debate sobre el texto definitivo definirá si el Estado colombiano respeta los estándares internacionales de protección a la movilización o si consolida un esquema de contención social volcado a la represión del descontento ciudadano. 

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