El Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, impulsa un decreto orientado a modificar los protocolos y el ejercicio del derecho a la protesta social en el país, una medida que ha generado profunda preocupación en sectores políticos y sociales ante el temor de una represión contra movimientos populares si van a las calles en defensa de sus garantías constitucionales.

En entrevista concedida a teleSUR, el analista Miguel Ángel Herrera advirtió que Rodrigo Lara, ministro del Interior —hijo del exministro de Justicia y notable figura del neoliberalismo Rodrigo Lara Bonilla, quien hizo tándem con el candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento y fue inmolado por sicarios al servicio de Pablo Escobar—, ha protagonizado un debut desfavorable al circular la normativa que restringe el derecho a la movilización ciudadana.

Herrera destacó que este marco legal choca de manera abierta con los procesos impulsados por el anterior Gobierno de oposición y del cambio del Pacto Histórico, una organización política que movilizó a más de 12 millones de simpatizantes.

Las restricciones contempladas en los decretos oficiales afectan directamente a esta militancia y a la realidad de los movimientos sociales, los cuales empezarán a salir a las calles en respuesta a las antipopulares medidas tomadas por el Ejecutivo en los frentes económico, social y cultural.

Este nuevo proyecto de decreto faculta a la Policía Nacional para disolver las movilizaciones de manera inmediata, suprimiendo la obligatoriedad de agotar instancias previas de mediación y desmontando el esquema del Decreto 003 de 2021, el cual priorizaba la concertación social antes del despliegue de las unidades antidisturbios.

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Como parte de este mismo contexto de medidas gubernamentales, una resolución presidencial habilitó la posibilidad de portar armas de fuego públicamente bajo el cumplimiento de los requisitos ante la autoridad militar y poseyendo el salvoconducto correspondiente.

El analista señaló que esta medida da inicio a una fórmula del «Lejano Oeste» trasladada al cercano norte de Sudamérica en Colombia, donde el propio presidente se ha estado exhibiendo con un arma, algo totalmente prohibido hasta la llegada de la nueva Administración. De este modo, el viraje normativo consolida la doctrina de mano dura de la extrema derecha, la cual subordina las libertades civiles al mantenimiento de la actividad mercantil y del orden público.

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