Los denunciantes señalaron que Colombia “tiene el derecho y la obligación de definir soberanamente sus prioridades de seguridad, atendiendo a las necesidades de la población y la garantía de los derechos humanos”.

Entre los objetos reinstalados en el Museo Nacional están afiches de las campañas presidenciales de los dirigentes de izquierda Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, asesinados en 1990.

Los pueblos originarios fronterizos denunciaron violencia y despojo territorial ante la CIDH.

El presidente del Congreso de Colombia exige al Gobierno aclarar el marco legal de la llegada de 350 militares estadounidenses para ejercicios conjuntos, en medio de la adhesión de Bogotá a la iniciativa Escudo de las Américas.

La oposición califica el acuerdo de mercantilista y cuestionan que se haya concretado sin participación de la sociedad civil colombiana, que tiene derecho a decidir sobre el uso de sus tierras.

La cartera ambiental alegó la omisión de la consulta previa y dejó sin efecto la norma que resguardaba más de 80 % de los bosques.

Tras respaldar al candidato opositor, de la Espriella reconoció la victoria de Lula, señalando que la voluntad popular en las urnas es soberana.

Representantes sindicales colombianos criticaron la gestión gubernamental en el área laboral y la falta de respuestas institucionales.

Correa condenó la detención de la dirigente de Revolución Ciudadana y llamó al voto nulo en Manabí en respuesta a las maniobras y la persecución política del Gobierno de Noboa contra la oposición.

La Defensoría del Pueblo de Colombia dijo que entre enero y septiembre de 2026 también fueron asesinados 12 firmantes del Acuerdo de Paz y se documentaron 94 masacres.

La JEP impuso condena al coronel retirado Juan Carlos Figueroa tras admitir responsabilidad en crímenes de Estado. La sentencia manda desmentir las acusaciones con que el aparato estatal justificó la muerte y estigmatización de las víctimas.

El principal escenario deportivo del Caribe colombiano amplió su aforo y ultima detalles técnicos a un mes de la final continental.

Abelardo de la Espriella cesó a Rodrigo Lara por un desacierto legislativo e impuso por decreto un presupuesto con recortes sociales.

A pesar de caer dos a cero ante Montevideo City Torque en la vuelta, el conjunto brasileño hizo valer su ventaja de tres goles en el global y disputará la gran final continental contra el combinado argentino.

Desde el Pacto Histórico cuestionaron la orientación de la ley al señalar que el Gobierno prefirió proteger a entidades financieras, oligopolios y a los más favorecidos en lugar de destinar mayores recursos a sectores clave como la educación.

La Defensoría del Pueblo reclama apoyo aéreo para evacuar a los heridos del alud en la mina de oro, mientras la Agencia Nacional de Minería espera garantías de seguridad para desplegar a sus rescatistas.

La decisión surge en respuesta a un recurso promovido por el congresista del Pacto Histórico, Gabriel Becerra Yáñez, junto a integrantes de los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa, luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara retirar del museo las obras calificadas por él como «oda al terrorismo» en un intento de borrar la memoria histórica del país.

En las próximas horas, los cuatro policías involucrados serán presentados formalmente ante un juez de control de garantías, instancia donde la Fiscalía les imputará los cargos penales correspondientes.

Sectores políticos y defensores de derechos humanos denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza pública durante un plantón pacífico.

Las salas afectadas por el retiro de obras, con el cual el Gobierno de De la Espriella viola la Ley General de Cultura, fueron «Hacer sociedad», «Fuerza, fe y sustancia» y «Memoria y nación». Sectores de la opinión pública en Colombia repudian el acto de censura. Iván Cepeda alertó sobre el negacionismo y el autoritarismo.

Los 19 países firmantes instan al Gobierno de Colombia a revertir su decisión, cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad y sus obligaciones bajo el derecho internacional, y a respetar los derechos inalienables del pueblo palestino.

«Colombia solicitó oficialmente su retirada del Grupo de La Haya, un grupo creado para aislar y atacar a Israel. Rechazamos ese enfoque», sostuvo el ministro Omar Bula, lo que representa un nuevo paso en el acercamiento diplomático con el Estado israelí.

Defensores de derechos humanos en Cali advirtieron que «esto fue una expulsión» que «no fue concertada con los habitantes de la calle».

Un contingente de la 10.ª División de Montaña de EE.UU. inició su despliegue en Panamá con miras a extender operaciones militares a Colombia y Honduras. La maniobra busca intensificar las acciones antidrogas impulsadas por la Administración de Donald Trump en la región.

Sindicatos, docentes de Fecode, estudiantes y comunidades indígenas marcharon en Bogotá y otras ciudades para rechazar el decreto 1525.

Los movimientos sindicales británicos e irlandeses afiliados a Justicia for Colombia expresaron su solidaridad con la Movilización Nacional en Colombia.

La cancillería palestina instó a Bogotá a cumplir con los acuerdos multilaterales y proteger el estatus jurídico de la ciudad sagrada.

Este acto socava el consenso internacional sobre el estatuto juridico de Jerusalén, menoscaba los derechos inalienables del pueblo palestino y alienta a la potencia ocupante a perpetuar sus políticas coloniales e imponer hechos consumados ilegales sobre el terreno.

Las protestas que se llevarán a cabo este miércoles fueron convocadas por organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, entre ellas la Central Unitaria de Trabajadores.

El jurado destacó el impecable trabajo de Bonnett, quien mediante un lenguaje directo aborda temas como la condición humana y asuntos como el dolor, el miedo, la fragilidad y la supervivencia.

En Pasto, San Bernardo, San Vicente de Chucurí y La Unión se denunciaron en pocas semanas casos de feminicidio y abuso sexual contra adultas mayores.

La petición fue dirigida a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia, ante las barreras que dificultan el acceso de algunas personas a ayudas institucionales.

Los manifestantes vistieron kufiyas y desplegaron una gigantesca bandera de Palestina. «Fuera sionistas de América Latina» fue una de las consignas de la marcha contra el acercamiento entre Colombia e Israel.

Los magistrados determinaron que no se observa ninguna desviación del ordenamiento jurídico ni vulneración a las garantías superiores invocadas por la defensa de Santiago Uribe.

El informe documenta más de 400 agresiones contra defensores de derechos humanos y 59 homicidios en seis meses.

Jovenel Moïse fue asesinado en julio de 2021 en un ataque armado contra su domicilio, en la capital haitiana. Un total de 17 mercenarios colombianos, apresados tras el hecho, formaron parte del comando magnicida

La Defensoría determinó que esto no es un hecho aislado, sino el reflejo de un contexto territorial impactado por el conflicto y la pobreza.

Sin diálogo previo, el Gobierno de Colombia impulsa un decreto que faculta a la policía para disolver protestas, afectando los derechos ciudadanos si movimientos sociales van a las calles contra políticas antipopulares del Ejecutivo.

Durante agosto y septiembre aumentaron los ataques armados y los crímenes de Estado tras el viraje autoritario del Gobierno de la Espriella.

El Gobierno pretende fumigar áreas en varios municipios del departamento de Putumayo, suroeste de Colombia, con un herbicida clasificado «moderadamente peligroso» por la OMS.

Tras la implementación de la política de mano dura del Gobierno de Abelardo De La Espriella, Colombia registró una escalada de ataques armados y atentados con drones que superaron las cifras del año anterior, profundizando el conflicto en diversas regiones.

La senadora del Pacto Histórico critica la decisión del presidente colombiano de reimpulsar la fracturación hidráulica en plena crisis hídrica.

Tras la difusión de videos falsos y ataques digitales, la coalición exigió a las autoridades indagar las agresiones contra las congresistas Isabel Zuleta y María Fernanda Carrascal.

Tribunal confirma la condena de 28 años de prisión contra el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez Martínez, por su responsabilidad en el hecho, así como sanciones accesorias que incluyen una multa de 3.499,99 salarios mínimos y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 20 años

Ecuador y Colombia coordinaron la detención de familiares del exlíder de Los Choneros, investigadas por presunto lavado de dinero mediante empresas de papel.

En Tolima se han quemado más de 60.000 hectáreas y un fuego avanza sobre el bosque de Galilea. En su mensaje al Gobierno de De la Espriella, Cepeda dijo que la población pide una acción urgente «porque aún puede controlarse este incendio».

De la Espriella cuestionó a jueces cuyos fallos han detenido la fumigación aérea y afirmó que están «ayudando a que ese fenómeno se propague». Pidió que esas acciones sean «cuidadosamente revisadas por el sistema judicial estadounidense».

«Mi Gobierno reabre plenamente el camino de la exploración y de la suscripción de nuevos contratos, incluido el fracking, a lo que dé, como dije en campaña, con absolutamente todos los criterios de responsabilidad ambiental», aseguró el mandatario colombiano

Con victorias en los relevos 4×100 y en el lanzamiento de martillo, los atletas colombianos obtuvieron tres de cuatro títulos disputados este viernes en los Juegos Suramericanos.

Organizaciones sociales y dirigentes políticos exigen justicia ante el brutal caso de racismo institucional.

En un discurso leído por su Vicepresidente, el jefe de Estado neogranadino, Abelardo de la Espriella, anunció un endurecimiento del aparato estatal bajo el argumento del combate al crimen organizado

Sectores sociales y políticos calificaron de show ineficaz la militarización ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella en Santa Marta, donde el comercio, el transporte y el turismo permanecen paralizados por el temor a las retaliaciones violentas de las ACSN tras la baja de alias Cholo.

La familia de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, muerto en un operativo de la Fuerza Pública de Colombia, afirmó que no pertenecía a ninguna organización ilegal y se dedicaba a trabajar en el campo.

La tensión en la ciudad se intensificó luego de que la estructura criminal ACSN decretara un “paro armado” de 48 horas.

La impunidad y el desmantelamiento de políticas públicas en la región y Estados Unidos agravan la situación.

La reducción de 100.000 millones de pesos dejaría sin financiamiento esquemas de protección para víctimas y la operatividad de sedes, mientras el tribunal especial denuncia una maniobra para someter sus fallos a la Justicia Penal Militar.

Organizaciones sociales resaltan la urgencia de frenar la violencia policial e institucional en los sectores más vulnerables, «El pueblo negro tiene derecho a vivir sin que su cuerpo sea tratado como una amenaza».

El expresidente Gustavo Petro cuestionó duramente la medida a través de sus redes sociales, donde calificó la decisión como una «vergüenza para Colombia» y acusó al actual Ejecutivo de pasar de rechazar el genocidio a convertirse en cómplice.

Ambas naciones compartirán información de inteligencia policiaca y seguridad para emprender una nueva campaña contra el narcotráfico.

La aeronave siniestrada, una Cessna T206 de matrícula HK4985, despegó del aeropuerto de Condoto, en Chocó, con destino al aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

Las autoridades mantienen el monitoreo de focos en seis departamentos de Colombia. Condiciones climáticas y quemas no autorizadas están entre las causas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia advirtió que el recorte afectaría su gestión, sedes, servicios, seguridad de información y convenios de protección, lo que deja desprotegidos a víctimas, testigos y funcionarios

La ONIC instó al presidente Abelardo de la Espriella a convocar la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo.

La representación brasileña se afianza en el primer lugar de la tabla general con 41 preseas doradas acumuladas.

El senador Alejandro Ocampo cuestionó la asignación de recursos para vivienda presentada por el Gobierno nacional en el proyecto de presupuesto 2027

El histórico ciclista colombiano confirmó el cierre de su carrera profesional tras 17 temporadas en la élite, con un homenaje popular que se celebrará durante el Gran Fondo en el departamento de Bolívar.

La medida busca mitigar los perjuicios causados por el sismo del 10 de agosto pasado, que se concentraron en viviendas, infraestructura crítica y servicios básicos en zonas históricamente vulnerables

La organización Caribe Afirmativo, que defiende derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, afirmó que estos deben ser parte de compromisos de Estado y no depender de cambios de Gobierno.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, argumentó dificultades técnicas y restricciones de caja, aunque las becas, residencias y pasantías no fueron canceladas.

La Jurisdicción Especial de Paz advirtió que estos hechos afectan a las familias y comunidades de los firmantes del Acuerdo de Paz, poniendo en riesgo a quienes contribuyen, desde su reincorporación, a la verdad, la memoria y la reconciliación

Uno de los crímenes más recientes fue el de Vicente Fernandes Vilhalva, miembro del pueblo indígena guaraní kaiowá en Brasil.

El Ministerio de Vivienda de la nación neogranadina identificó 111 municipios en riesgo muy alto y 447 en riesgo alto, principalmente en las regiones Andina y Caribe

En un discurso transmitido en sus redes sociales, el presidente declaró: «La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado».

El controvertido plan piloto abría la puerta a reactivar un método que llevaba suspendido desde el año 2017 por profundos motivos sanitarios y ambientales.

El mediocampista colombiano alcanza un principio de acuerdo con el club antioqueño a la espera de los exámenes médicos y la firma formal del contrato.

Las comunidades afectadas denuncian abandono estatal mientras el Gobierno enfrenta serios cuestionamientos financieros.

El Gobierno de Beijing cuestionó la gira injerencista de la diplomacia estadounidense por Sudamérica y respaldó la autonomía económica de los países latinoamericanos frente a la doctrina de seguridad de la Casa Blanca.

A casi un mes del devastador sismo en Colombia, comunidades de Pereira y Cali denuncian el profundo abandono institucional y la nula respuesta del gobierno de Abelardo de la Espriella.

Las garantías para vivienda y alimentación continúan sin concretarse en regiones gravemente impactadas como el Cauca.

Con las gestiones de de la Espriella en Colombia, Noboa en Ecuador y Fujimori en Perú, la Casa Blanca fortalece relaciones con Gobiernos cercanos.

A un mes del sismo colombiano y semanas después del venezolano, los registros oficiales de ambos países permiten comparar tres frentes de la misma emergencia, la solicitud de ayuda internacional, el manejo de los escombros y el ritmo de la reconstrucción de viviendas.

La ONG Temblores exige al Gobierno explicar bajo qué figura jurídica permitirá la participación de fuerzas de EE.UU. en operaciones militares dentro del territorio colombiano.

En lo que va de año se han registrado hasta ahora al menos 11 terremotos con una magnitud de 7,0 o superior, según los registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

La gira del funcionario estadounidense por Colombia, Ecuador y Perú busca acelerar la firma de convenios de explotación de minerales críticos y reforzar la coordinación militar marítima, tras la reciente intervención armada de Washington en Venezuela.

Desde la izquierda manifestaron al mandatario que el Estado debe garantizar la protección de la vida y que derogar la prohibición general de portar armas implica abrir la puerta a una sociedad más violenta

La administración enfrenta críticas por la falta de respuesta tras el sismo, la militarización de la seguridad y el viraje de la política exterior.

El plan contempla cuatro ejes principales, entre ellos la reactivación de la campaña “Esparta”, destinada a coordinar operaciones conjuntas entre Fuerzas Militares y Policía en zonas críticas.

Tras la difusión de imágenes con cadáveres en Guaviare y la muerte de menores en operativos la denuncia que el ejecutivo busca disputar el miedo.

El fallo se suma a otro similar dictado en Bogotá tras confirmarse la muerte de tres menores en una reciente operación militar.

El sismo destruyó la única escuela del asentamiento en la zona rural de Buenaventura, lo cual profundizó las condiciones de vulnerabilidad.

El Gobierno colombiano anunció que apelará el fallo del Juzgado 34 de Familia de Bogotá que le ordenó abstenerse de realizar bombardeos si existen indicios «razonablemente verificables» sobre la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados en los objetivos.

Las imágenes muestran al mandatario colombiano rodeado por cuerpos junto al armamento incautado, una acción catalogada como un show innecesario y calificado por críticos como necropolítica.

Afectados denuncian el uso de agresiones físicas, detenciones arbitrarias y un ataque contra una persona con discapacidad durante la intervención en Pereira.

El expresidente argumentó que un sistema de bots y la intromisión del Departamento de Estado de EE. UU. operaron para imponer a la ultraderecha en su país, advirtiendo que este mismo patrón se repetirá en los próximos procesos electorales de la región.

Colombia derogó la suspensión del uso de glifosato en fumigaciones aéreas, enfrentando el rechazo de comunidades rurales y exigencias ambientales.

La pareja formaba parte de la Mesa Departamental de Víctimas del Cauca, un espacio fundamental para la defensa, participación y garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado

El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y tres civiles resultaron heridos por la explosión de un coche bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta.

El mandatario colombiano argumentó la decisión enfatizando que no existe en los grupos armados una «voluntad real ni verificable de paz».

​La entidad alertó que las emergencias impactan de manera diferencial y severa a los pueblos étnicos y a las comunidades rurales de la región.

Con estas acciones, el actual Ejecutivo rompe de manera definitiva con la estrategia fundamentada en la reconciliación nacional.