Opacidad
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El pasado 25 de junio se realizaron las elecciones generales para elegir president@ y vicepresident@, 160 diputados al Congreso de la República, 20 diputados supranacionales al Parlamento Centroamericano y 340 gobiernos municipales.
Estuvieron convocados 9.3 millones de guatemaltecos habilitados para emitir su voto tanto en Guatemala, como en el exterior. Participaron 30 organizaciones políticas, y 22 binomios presidenciales. Tres binomios presidenciales, bajo argumentos diferentes, fueron impedidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) del proceso de inscripción de candidatos.
El proceso electoral 2023, desde sus inicios, estuvo y está cuestionado por las irregularidades y arbitrariedades que el mismo TSE cometió o permitió.
Los resultados electorales del 25 de junio, cuestionados y denunciados de fraudulentos, dieron como ganadores a Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con el 15% de votos, y a Bernardo Arévalo, del partido Semilla, en segundo lugar, con el 11%. Al no conseguir ningún candidato el 50% +1 de votos, habrá segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto.
Entre las novedades de los resultados: el voto nulo superó el 17%, el abstencionismo cerca del 40%, y el voto en blanco cerca del 7%. El Congreso de la República continuará bajo el control mayoritario de los grupos de derecha conservadora.
Tanto a nivel nacional, como desde instancias internacionales, diferentes actores alertaron y convocaron al Estado de Guatemala, y al TSE en específico, que se apegaran a lo establecido legalmente, en la organización y realización del proceso de las elecciones generales 2023 en Guatemala. Pero, el mismo TSE, y las instancias judiciales del país, promovieron y permitieron las irregularidades muy cuestionadas e interpeladas desde la ciudadanía desde el inicio del proceso, en cuanto a inscripción o exclusión de candidaturas.
La Constitución Política de Guatemala, en el Art. 186º, establece expresamente que descendientes de ex dictadores no pueden participar como candidatos a la primera magistratura del país. Sin embargo, la Sra. Zury Ríos, hija del dictador Ríos Montt, (1982-1983), sentenciado por genocidio a 80 años de cárcel, fue inscrita como candidata a la presidencia por el partido político Valor.
La misma Constitución Política prohíbe, en su Art. 186. Inc. F., que jerarcas o pastores de las iglesias no pueden ser candidatos a cargos de elección popular. El partido político UNE inscribió a un pastor evangélico como candidato a la vicepresidencia, y así va a la segunda vuelta electoral.
El Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), organización política fundado y nucleado por comunidades indígenas y campesinas, que quedó en cuarto lugar en las elecciones generales del 2019, fue excluido por el TSE al impedir la inscripción de su binomio presidencial, bajo el argumento que su candidato a la vicepresidencia, Jordán Rodas, ex Procurador de los Derechos Humanos, carecía de finiquito (control administrativo emitido por la Contraloría General de Cuentas). Rodas mostró la existencia de dicho documento. Pero, el sistema judicial ratificó la exclusión.
La exclusión del candidato a la presidencia del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, así como la exclusión del presidenciable por el partido Podemos, Roberto Arzú, ambos opuestos al gobierno actual, también generaron muchas protestas, y le restaron credibilidad y transparencia al proceso electoral.
Mientras el TSE excluía a dichos candidatos presidenciales incómodos al gobierno, y al sistema (en el caso de MLP), la misma entidad registraba candidatos a diputados o a alcaldes con serias denuncias de narcotráfico, y en algunos casos hasta a personas que hicieran públicamente apología de la narcoactividad.
El caso de la inscripción del candidato a Diputado, Manuel Baldizón, por el partido Cambio, condenado a la cárcel por lavado de activos en los EEUU, y con procesos penales pendientes en Guatemala, es una muestra patética de la conducta permisiva del TSE. Dicha candidatura fue impugnada y excluida del proceso electoral.
Si bien el proceso electoral, previo al 25 de junio, tuvo esporádicos actos de protesta en las calles contra la arbitrariedad del TSE, el acto en sí del día de las votaciones transcurrió en tranquilidad. Con excepción de 6 municipios en los que las votaciones fueron anuladas, y las mismas se repetirán el próximo 20 de agosto.
Contra todas las encuestas publicadas, los resultados del 25 de junio dieron como segundo ganador al partido Semilla. Organización política que al igual que la UNE se declara socialdemócrata.
El ascenso de Semilla, con su candidato Bernardo Arévalo, fue una sorpresa, en especial para los sectores conservadores del país que miran en Arévalo fantasmas de lo que fue la Revolución Nacional truncada de 1944, la misma que fue encabezada y presidida por su padre, Juan José Arévalo.
Ante este resultado “inesperado”, 9 partidos políticos exigieron al sistema judicial que ordene al TSE la revisión de actas de escrutinio. Y así comenzó la judicialización de las elecciones. Simultáneo a esta judicialización electoral, se avanzó y salió la sentencia de un Juzgado “ordenando la anulación de la personería jurídica del partido Semilla” por ilegalidades cometidas en el proceso de su constitución como partido.
En resumen, amparos y resoluciones judiciales van y vienen, y mantienen en zozobra al electorado y al país de cara a lo que pueda ocurrir el 20 de agosto, y después de esa fecha como consecuencia de estas elecciones generales “poco transparentes”.
De por medio está el gobierno y la Embajada norteamericana que, como ningún otro caso, salió temprano en defensa del partido Semilla, exigiendo el respeto de los resultados de la primera vuelta. Lo cierto es que existe una sentencia judicial que ordena la anulación de la personería jurídica de este partido.
Si ya el proceso electoral, y los resultados de la primera vuelta, estaban cuestionadas y deslegitimadas por la arbitrariedad y la disputa política entre el sistema judicial (Corte Suprema de Justicia) y los jueces electorales (TSE), además del silencio complaciente del gobierno de Alejandro Giammattei, la emotiva atmósfera electoral construida para la segunda vuelta afianzó la incertidumbre y la desvirtuación de lo que, según estándares internacionales, se entiende por proceso electoral democrático.
Al parecer la batalla judicial electoral en curso tiene por finalidad generar una cortina de humo para que el electorado vaya a las urnas sin antes meditar los asuntos trascendentales del país que le tocará enfrentar al siguiente gobernante.
Entre las cuestiones importantes ausentes en la atmósfera electoral judicializada están:
Corrupción. El electorado, a parte de la promesa del partido Semilla que indica que traerá de vuelta a jueces y fiscales refugiados en el exterior para reformar el sistema judicial, no conoce cómo y en qué consiste específicamente la prometida “lucha contra la corrupción”. La UNE, partido cuya candidata a la presidencia, Sandra Torres, ya estuvo detenida por “asociación ilícita”, simplemente calla sobre esta cuestión coyunturalmente sensible para el país.
Narcotráfico. Desde diferentes comunidades y municipios se hicieron reiteradas denuncias públicas en las redes sociodigitales de la compra o pago por voto de hasta Q.1,500 (equivalente a $200.00) por parte de candidatos locales y departamentales. Además, políticos con serias denuncias de narcotráfico fungieron como candidatos para alcaldes y diputados. Pero, estas y otras variables que determinaron las elecciones de la primera vuelta no fueron, ni son materia de debate electoral.
Las instituciones públicas llamadas por Ley a realizar las investigaciones legales, simplemente se agotan en defender el proceso electoral o impulsar investigaciones judiciales contra el partido Semilla.
Neoliberalismo. Sorprendentemente el sistema neoliberal vigente en Guatemala, con consecuencias dolorosas para los pueblos y para el propio país, no fue, ni es materia del debate electoral. La única organización política que cuestionó el sistema neoliberal, mediante su propuesta de revisión de los contratos de privatización, fue el MLP.
Tanto Semilla, como la UNE, son partidos políticos que en sus programas de gobierno no plantean la necesidad de debatir o superar el sistema neoliberal vigente en Guatemala.
Desigualdad socioeconómica. En 2015, cuando surgió la “euforia de lucha contra la corrupción”, el 59% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza. En 2022, el 63% de guatemaltecos se encontraba en situación de pobreza multidimensional.
La hambruna, como consecuencia de la disminución de los medios de vida y de los impactos del cambio climático arrecia en el país. Aunque las remesas económicas de migrantes (que representan más del 20% del Producto Interno Bruto) atenúan aparentemente esta realidad.
Este asunto fundamental de la desigualdad social tampoco es materia del debate electoral con miras a la segunda vuelta.
Plurinacionalidad silenciada. Otra tara republicana que tiende a renaturalizarse en este contexto electoral es el racismo y el despojo colonial de los territorios de pueblos indígenas. Ni Semilla, ni la UNE, contemplan en sus programas de gobierno el desafío de reconocer e implementar los derechos colectivos de los pueblos indígenas como son: derecho a la consulta previa, derecho al territorio, derecho al autogobierno, entre otros.
El Congreso de la República, según resultados del 25 de junio, tendrá cuantitativamente menos presencia indígena y de mujeres. Esas y otras cuestiones no están en debate en esta atmósfera electoral.
Y, para sorpresa de propios y extraños, hasta las organizaciones indígenas, que en algún momento se proclamaron como “plurinacionales”, ahora, llaman al voto para Semilla, sin valorar quizás los fines geopolíticos o anti plurinacionales que están detrás de ambas propuestas políticas. De esta manera, el próximo 20 de agosto, Guatemala decidirá por más neoliberalismo, mayor racismo, y continuado despojo de los territorios indígenas.
