La Comisión Europea (CE) espera que este martes se apruebe la medida, que permite fortalecer los controles migratorios, a través de una mayor presencia de efectivos de la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas (Frontex), pese a la posición que ha tenido el Gobierno de Grecia.
La medida significaría un aumento de seis veces del personal de Frontex, con el objetivo de frenar el paso de refugiados hacia países europeos, el principal destino de quienes en su mayoría, huyen de conflictos armados.
La CE alude que el redoblamiento de la seguridad en las fronteras y el Mar Mediterráneo, corresponde al interés de “resguardar el espacio de Schengen”, el cual plantea la supresión de fronteras entre los miembros de la Unión Europea (UE).
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Especialmente, la propuesta de la CE ira enfocada hacia Turquía y Grecia, este último, que por su cercanía a Oriente Medio, donde se vive la peor crisis humanitaria en los últimos diez años, le ha tocado ser el punto de escala de los refugiados.
Alemania ya se ha adelantado a los hechos, con la presentación de un acuerdo por parte de Angela Merkel en la Unión Cristianodemócrata alemana (CDU) “para reducir el flujo de los refugiados” a pesar de que fue el país el cual se comprometió a asumir la mayor cuota del continente europeo (800 mil personas).
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Ante los anuncios del cierre de las fronteras en Macedonia, el primer ministro griego, Alexis Tsipras, denunció que su país va camino a convertirse en “un depósito de almas”.
Tsipras aseguró que la medida es ilegal al tiempo que señaló que nadie tiene derecho a decidir quién es refugiado según su nacionalidad.
Cabe señalar, que más de 2.500 refugiados fueron devueltos en trenes a albergues en Atenas, tras anunciado el cierre de la frontera con Macedonia.
La respuesta del Gobierno griego ha sido la de establecer un programa, que permita el retorno a los “refugiados económicos” a sus países de origen.
EL DATO
La situación ha generado una crisis en las calles de la capital griega, donde es fácil observar a cientos de refugiados tomar las plazas como nuevos campos de albergue improvisados.
A la problemática se le suma que los refugiados se conviertan en víctimas de los traficantes, quienes cobran tarifas entre 1.500 a 2.000 euros por persona, para presuntamente ingresarlos a Europa.
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Aunada a la medida del cierre de fronteras, la CE abrió procedimientos no solamente a Grecia sino a Italia y Croacia, por no haber registrado a los desplazados en busca de asilo en Europa.
De acuerdo con la portavoz comunitaria de Interior, Natasha Bertaud, las normas de la UE obligan al "registro sistemático y toma de huellas dactilares de todas las llegadas".
Con ello suman ocho procedimientos que ha abierto, en los que se encuentra Hungría y Malta.
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