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Honduras permitirá la salida del país del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien fue testigo del asesinado de la activista hondureña Berta Cáceres el pasado 4 de marzo.
Una jueza de la ciudad de La Esperanzas revocó la decisión judicial que impedía al ambientalista salir del país.
La decisión de la jueza permitirá que Castro salga de Honduras, pese a que el Ministerio Público había solicitado que permaneciera en el país por 30 días luego del crimen.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó que el Gobierno de Honduras levantó la orden judicial al activista Gustavo Castro, testigo del homicidio de la líder indígena Berta Cáceres, para que se mantuviera en el país centroamericano y colaborara en las averiguaciones del asesinato ocurrido el pasado tres de marzo, reseñó La Jornada.
La cancillería indicó que Castro seguirá colaborando con las investigaciones en torno al tratado de de asistencia jurídica mutua entre los dos países.
En ese orden, el abogado de Castro, Miguel Ángel de los Santos Cruz, aseguró en una entrevista que el ambientalista podría retornar a México de un momento a otro, pero no ofreció más detalles.
El abogado manifestó que la orden del país centroamericano de suspender la alerta migratoria fue por la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que Castro asista al periodo de sesiones del próximo 2 de abril en Washington (EE.UU.).
Otro de los factores recae en el recurso para que aplique el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal firmado entre México y el país centroamericano.
La instancia destacó que el titular de la Organización Otros Mundos fue protegido y acompañado por las autoridades en respeto a su integridad física, publicó milenio.com.
A través de un comunicado, representantes de la SRE, saludaron la decisión.
En contexto
La líder indígena y coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, fue asesinada la madrugada del 4 de marzo por sujetos desconocidos en su vivienda.
El esfuerzo de Cáceres contra la construcción de una represa hidroeléctrica que desplazaría a cientos de indígenas de Honduras y la organización de grupos contra la extracción de recursos naturales, la convirtió en una amenaza para los intereses de las transnacionales y sectores capitalistas.
