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La diputada Candelaria Ochoa, del Movimiento Ciudadano de México, advirtió este sábado que el Gobierno de Honduras no ha garantizado los beneficios de testigo al defensor de DD.HH., Gustavo Castro Soto, y le ha negado el derecho a regresar al país mexicano.
Castro es el único testigo del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres ocurrido el 4 de marzo en su vivienda ubicada en el sector La Esperanza, departamento del Intibucá del sur-occidente del país.
Ochoa aseguró que hasta el momento la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha ejercido presión para que el activista regrese a México. “Es necesario que la Cámara de Diputados promueva vías para liberarlo y garantizar su regreso en absoluta tranquilidad”, agregó, citado por La Jornada.
La diputada también desmintió la versión del Gobierno hondureño que asegura que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la FBI y la OEA participan en la investigación de la muerte de Cáceres.
Por último, enfatizó que la vida de Gustavo Castro corre peligro porque la justicia hondureña no le garantiza los beneficios de testigo y la posibilidad de regresar a su país. Sobre Castro pesa una orden migratoria de 30 días.
En contexto
La líder indígena y coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, fue asesinada la madrugada del 4 de marzo por sujetos desconocidos en su vivienda.
El esfuerzo de Cáceres contra la construcción de una represa hidroeléctrica que desplazaría a cientos de indígenas de Honduras y la organización de grupos contra la extracción de recursos naturales, la convirtió en una amenaza para los intereses de las transnacionales y sectores capitalistas.
