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Miles de jornaleros del Valle de San Quintín protestan desde hace casi dos meses por una serie de reivindicaciones, entre ellas, mejoras salariales. Exigen reunirse con el Gobierno mexicano, pero hasta el momento sólo han conseguido represiones en su contra.

“Ya basta de explotación" y "No más sueldos de hambre" son algunas de las consignas que sellan la lucha de miles de campesinos mexicanos en el Valle de San Quintín, región ubicada en Baja California (noreste de México), donde realizan trabajos agrícolas a cambio de bajas remuneraciones. En el transcurso de su lucha por mejores reivindicaciones laborales, han sido víctima de represiones policiales.

Las protestas en San Quintín iniciaron en marzo de este año cuando exigieron a las autoridades de México debatir sobre el tema del salario y condiciones de trabajo. Al respecto, aseguran que no levantarán la huelga hasta que cumplan con sus peticiones.

Del Valle de San Quintín se obtienen cerca de 500 millones de dólares al año producto del trabajo de los jornaleros, quienes laboran por más de 12 horas y les pagan entre 100 y 120 pesos diarios en los que le incluyen todas las prestaciones de ley.

LOS DERECHOS EXIGIDOS

Sus peticiones son: aumento del salario por jornada de trabajo (ocho horas) de 100 a 300 pesos, pago de 30 pesos por caja de fresa, 17 pesos por jarra de mora y ocho pesos por cubeta de tomates, así como doble sueldo por jornada dominical y días festivos.

Igualmente piden otorgarle a las madres trabajadoras seis semanas antes y después de un parto y a los padres cinco días de descanso con goce de sueldo. Exigen que se elimine la tolerancia al acoso sexual a mujeres por parte de ingenieros, mayordomos generales y de cuadrilla e ingenieros encargados de los ranchos.

Los jornaleros se movilizaron en la capital mexicana el pasado 1° de mayo a propósito del Día Internacional del Trabajador, después de sostener varias reuniones con autoridades federales que nuevamente le dieron la espalda a sus exigencias.

LA REPRESIÓN

Unos 70 jornaleros mexicanos resultaron heridos y tres fallecieron producto de la represión policial ante su lucha por mejores reivindicaciones laborales.

De los 11 millones de indígenas que habitan México, 80 por ciento se dedica al campo, sin contrato ni pagos conforme a la ley del trabajador.

A las represiones policiales se le suma otra clase de amedrentamientos: los ataques judiciales. Un juez de San Quintín estableció que los tres jornaleros detenidos el pasado 9 de mayo deberán pagar una fianza de 500 mil pesos cada uno, producto de los ataques en Triqui.

Los detenidos enfrentan cargos por provocar daños a dos patrullas, una tanqueta y dos vehículos particulares, mientras que aún se desconoce quién se responsabiliza por las tres muertes producto de la represión.

Por otra parte, los jornaleros siguen exigiendo una reunión con representantes del Gobierno nacional para plantear sus quejas en el área laboral. Ahora exigen también una idemnización por la represión policial que dejó tres muertos y más de 70 heridos.


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