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Alrededor de 16 millones de mujeres entre 15 y 19 años y aproximadamente 1 millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año, la mayoría en países de ingresos bajos y medianos. Cada año, unas 3 millones de adolescentes se someten a abortos peligrosos.
La tasa de abortos peligrosos es más alta cuando el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y a servicios de aborto seguro es limitado o inexistente.
La legislación sobre el aborto va desde el libre acceso en servicios sanitarios públicos gratuitos hasta la penalización con años de prisión para las mujeres que lo practiquen.
La prohibición del aborto restringe derechos
Cuando las mujeres se ven limitadas a tomar decisiones autónomas con respecto al aborto muchos de sus derechos humanos quedan restringidos por la reglamentación que en la gran mayoría de los países penaliza y prohibe el aborto. De hecho, hasta en los países donde está permitido por ley las mujeres tienen un acceso seriamente limitado por servicios de salud inadecuados, o por falta de voluntad política.
En otras naciones el aborto está permitido por lo menos como medio para salvar la vida de la mujer embarazada, o donde el embarazo es el resultado de violación o de incesto, pero el derecho al aborto legal y seguro es una lucha que durante décadas se ha dado para garantizar los derechos humanos de la mujer.
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Las restricciones legales al aborto tienen un impacto en el derecho a la vida de las mujeres, a la no discriminación cuando con embarazos no deseados se pone a la mujer en situación de desventaja y también a su derecho a la libertad religiosa.
Una mujer debería ser libre de la obligación de cumplir con leyes diseñadas exclusivamente en función de las doctrinas de una religión, es decir, no se puede obligar a que las mujeres cumplan con leyes basadas en doctrinas de fe.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que el aborto peligroso se produce cuando una persona carente de la capacitación necesaria pone fin a un embarazo, o se hace en un entorno que no cumple las normas médicas mínimas, o cuando se combinan ambas circunstancias.
El riesgo sanitario para la mujer que se practica clandestinamente un aborto ha llevado a que diferentes sectores sociales y organizaciones soliciten su legalización, iniciativa que se enfrenta a las trabas burocráticas.
El aborto en América Latina
De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS): el 12 por ciento de las muertes maternas en América Latina y el Caribe se debieron a abortos inseguros.
Chile disponía de una ley en 1931 que autorizaba el aborto terapéutico, pero el dictador Augusto Pinochet la anuló en 1989 y tipificó al aborto de "delito contra el orden de la familia y contra la moralidad pública".
Sin embargo, en estos momentos el Congreso de Chile se encuentra discutiendo un proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias especiales: en caso de violación, de peligro para la madre o para el feto.
El proyecto fue aprobado por la Cámara Alta con 20 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. La siguiente fase de trámite parlamentario está prevista para marzo de este año con la discusión del texto y las tres instancias por separado, en las comisiones de Salud y Constitución del Senado.
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En Brasil, el aborto está calificado como "un delito contra la vida", únicamente está permitido si la vida de la madre está en peligro o en casos de violación o incesto.
En Cuba, el aborto es ilegal cuando se realiza sin consentimiento de la mujer o cuando no lo realiza un médico. En 1965, se aprobó la despenalización del aborto en todos los casos. Hasta las diez semanas de embarazo no hay que dar ninguna razón.
Por su parte, en Uruguay, en el 2012 se aprobó la despenalización del aborto en todos los casos, hasta las doce semanas de embarazo.
En Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Perú está considerado ilegal a menos que amenace la vida o la salud de la mujer.
En México el aborto está permitido en 12 de los 32 estados y el D.F.
La despenalización del aborto
La Unión Soviética fue la primera en legalizar el aborto en 1920 reconociendo el derecho de la mujer rusa para detener un embarazo no deseado en relación a problemas de salud. Los países escandinavos empezaron a liberalizar el derecho al aborto en la década de los 30 y en 1968 se aprobó una legislación liberal del aborto en el Parlamento Británico.
En los 70 Australia aprobó una ley que permite el aborto durante el primer trimestre y Francia autorizó el aborto por solicitud durante las primeras diez semanas de embarazo, sujeto a varias condiciones. Le siguieron Alemania, Italia y Holanda.
En la República Popular China se aprobó una ley del aborto en 1975 por su política en el control de la natalidad. Recientemente Colombia (2006), Ciudad de México y Portugal (2007) han puesto en marcha leyes para la despenalización del aborto.
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En 2008, la tasa anual estimada de aborto inseguro para la región en su conjunto fue de 31 abortos por cada 1000 mujeres en edades de 15–44 años y un año después la tasa fue menos de dos por 1000. La baja se produjo en Colombia y la Ciudad de México como resultado de cambios en las leyes de aborto.
Tan solo hay siete países en el mundo en los cuales no está permitido el aborto terapéutico en ningún caso: Ciudad del Vaticano, El Salvador, Malta, Nicaragua, Chile y República Dominicana.
Numerosas organizaciones feministas trabajan para visibilizar las consecuencias del aborto en la salud de las mujeres y exigir a los Estados abrir la discusión en los parlamentos porque aseguran que la penalización del aborto no disminuye su práctica.
