• Señal en Vivo
  • Solo Audio
  • google plus
  • facebook
  • twitter
  • La oposición obtuvo las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, que constituyen mayoría calificada, mas no un poder supraconstitucional.
    En Profundidad

    La oposición obtuvo las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, que constituyen mayoría calificada, mas no un poder supraconstitucional.

La derecha venezolana se proyecta todopoderosa tras obtener mayoría calificada en la Asamblea Nacional, sin embargo, sus atropelladas e inconstitucionales estrategias trascendieron en actos violatorios que transgreden los cinco Poderes del Estado. Con un discurso revanchista, los diputados electos crean una confusa matriz de opinión sobre el alcance de sus atribuciones y silencian que en el país coexisten cinco Poderes Públicos que se retroalimentan entre sí.
Después del 6D, la oposición cambió el discurso y promesas de campaña electoral; ahora regresan las viejas amenazas hacia el pueblo venezolano.
¿Cuáles son los verdaderos intereses de la oposición en el Parlamento?; el voto castigo: ¿mito o realidad?

Derecha insiste en incumplir su deber


La bancada de derecha en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela deja a un lado su función legislativa establecida en la Constitución de la República para priorizar sus planes de desestabilización política, al conspirar y tramar acciones golpistas.  

El presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, declaró en una entrevista este miércoles 13 de enero que los diputados de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) presentarán "dentro del lapso de 6 meses, después de constituida la Asamblea Nacional, a partir del 5 de enero una fórmula para garantizar la salida de este Gobierno".

Lea » Derecha del Parlamento venezolano insiste en incumplir su deber legislador

Triunfa la institucionalidad en la AN 


La bancada de la oposición, con mayoría circunstancial en la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, acató este miércoles la resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la desincorporación provisional de los tres diputados por el estado Amazonas (sur).  

El pasado 30 de diciembre el Poder Judicial de la nación ordenó "de forma provisional e inmediata" la suspensión de efectos de la totalización, adjudicación y proclamación de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista y representación indígena en Amazonas, como una medida cautelar por la investigación de irregularidades en las elecciones del 6D. 

Lea » AN acata orden del TSJ por solicitud del bloque revolucionario

TSJ declara desacato de la AN y desincorporar a tres diputados opositores

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este 11 de enero desacato de la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) y ordenó la desincorporación de tres diputados impugnados por ese tribunal.

El TSJ aceptó la denuncia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la que exigía inhabilitar la nueva AN.

Mediante ese fallo, el Poder Judicial ordenó la desincorporación de Julio Ygarza, Romel Guzamana y Nirma Guarulla

El diputado del Gran Polo Patriótico, Diosdado Cabello, indicó que la sentencia del TSJ deja claro que “teníamos la razón cuando se instaló la AN, las razones por la que no los juramentaron el martes (5 de enero), sino el miércoles”.

La Sala Electoral del TSJ admitió el miércoles 30 de diciembre los recursos interpuestos para impugnar los resultados de los comicios parlamentarios del pasado 6 de diciembre en circuitos de los estados Amazonas, Yaracuy y Aragua, además del representante indígena de la región sur.

En el caso del estado Amazonas, el TSJ admitió la impugnación y declaró procedente la solicitud de amparo cautelar, por lo que ordenó "de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totalización, adjudicación y proclamación". Pese a ello, la nueva directiva opositora de la Asamblea Nacional (AN) juramentó un día después de la instalación formal del Parlamento a tres de los cuatro diputados suspendidos.

Directiva de la AN no acatará decisión del TSJ

El segundo vicepresidente de la AN, Simón Calzadilla, aseveró el lunes 11 de enero que no acatarán la sentencia emanada por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó que los actos de la nueva Asamblea Nacional (AN) serán nulos mientras se mantenga la incorporación de tres diputados impugnados por ese ente judicial.

Calzadilla señaló que el “equipo jurídico de la oposición está evaluando la sentencia del TSJ contra la AN” y que los 112 diputados se mantendrán en sus funciones, pese a la orden del TSJ de desincorporar a los diputados por el estado Amazonas Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, que fueron ilegalmente juramentados el pasado 6 de enero.

“No existe forma alguna que se pueda acatar esa sentencia de la sala Constitucional, absolutamente política, nada jurídica. ¿En que puede ayudar al país ese tipo de acciones?”, dijo.

De acuerdo con las leyes venezolanas, de existir un vacío de poder en la AN,  la Sala Constitucional del TSJ asumirá toda la responsabilidad legislativa será la Sala Constitucional del TSJ.

Delitos electorales

Los diputados del bloque socialista en Venezuela presentaron este martes nuevas pruebas sobre los delitos electorales, que se cometieron en el estado Amazonas (sur), que involucran al gobernador de esa entidad, Liborio Guarulla, durante los comicios legislativos efectuados el pasado 6 de diciembre en ese país.

El parlamentario del Gran Polo Patriótico (GPP), Héctor Rodríguez, mostró una serie de videos que revelan los pagos y sobornos que ayudaron a sumar mayoría de votos a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglomera los principales partidos de derecha. 

El material involucra al presidente de un centro de votación identificado como Humberto Yusino, quien durante una llamada telefónica da a conocer al gobernador de Amazonas el avance de los sobornos durante las elecciones parlamentarias,  además da detalle de cómo forzó los votos de personas de la tercera edad.

“Es usted co-responsable de los delitos electorales en Amazonas”, expresó el diputado al gobernador de Amazonas. 

Se mostraron también otros videos, en los que ciudadanos del sur de Venezuela confiesan que Yusino impedía a las personas de tercera edad votar por los candidatos de su preferencia. “Hay votos que salieron nulos por responsabilidad del presidente del centro de votación”, dijo el testigo.

El pasado 16 de diciembre de 2015, el Gobierno venezolano presentó un video en el que revelaron cómo la derecha de ese país incurrió en delitos electorales en las pasadas elecciones parlamentarias del 06 de diciembre, cuando se vivió en la nación un triunfo circunstancial de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Las pruebas fueron reveladas por el jefe de Comando de Campaña Bolívar- Chávez en Venezuela, Jorge Rodríguez, quien ofreció una rueda de prensa para presentar un material en el que se escucha una llamada telefónica entre la secretaria de la Gobernación del estado Amazonas (sur del país), Victoria Franchi Caballero, y un agente del Gobierno que trabajó en calidad de encubierto.

El guion del ‘Carmonazo’

Los diputados electos de la oposición (112) mantienen un discurso revanchista que evoca al "Carmonazo", cuyo nombre proviene de Pedro Carmona Estanga, el presidente de Fedecámaras en 2002 que se autojuramentó como presidente de la República, tras el golpe de Estado de la derecha que ocasionó la muerte a 19 venezolanos.

Uno de los puntos principales del decreto de Carmona fue la disolución de la Asamblea Nacional de Venezuela y la destitución de funcionarios del Poder Público Nacional. 13 años después la derecha concibe ese hemiciclo como la trinchera para atacar al Gobierno de la Revolución Bolivariana: "Si el Gobierno no cambia, cambiaremos al Gobierno", dijo Henrique Capriles, gobernador de derecha, quien además perdió dos elecciones presidenciales (2012 y 2013).

Carmona convocó a elecciones legislativas en los ocho meses siguientes a abril de 2002, de cara a reformar la Constitución de 1999, cuyos estatutos fueron producto de las ideas del pueblo. El analista político y profesor universitario Luis Pino, en entrevista para la web de teleSUR, considera que uno de los fines principales de la derecha es regresar a la Constitución de 1961.

La nueva mayoría calificada que tiene la oposición le abre la posibilidad de enmendar la Constitución del 99. El pueblo, tras aprobar la enmienda mediante un referendo en ese año, dictó una carta magna con libertad de credo; con el ejemplo histórico de los aborígenes; consagró el Poder Ciudadano y el Electoral; refundó la República democrática, participativa y protagónica; y otro conjunto de enmiendas que fundaban las bases del respeto a los derechos humanos.

"No hay ninguna diferencia entre el discurso del Carmonazo, presidido por Fedecámaras y Venamcham, y el de la derecha tras ganar el 6D. Planifican un golpe de Estado parlamentario contra el presidente, porque es muy difícil que tengan la capacidad electoral para ganar un referendo", expresó el analista Luis Pino.

Fedecámaras, conglomerado de empresas privadas, también regresa al contexto del 6D. El presidente de la organización, Francisco Martínez, le exigió a la recién electa mayoría opositora en el Parlamento la "modificación" de la Ley de Precios Justos y de la Ley Orgánica del Trabajo, ambas de corte social y priorizan las necesidades socioeconómicas de los venezolanos.

El decreto del “Carmonazo” contó con más de 300 firmas de entre políticos de derecha, empresarios y sindicalistas. Entre ellos, el exgobernador del estado Zulia e imputado por delitos alusivos a la corrupción, Manuel Rosales; la exdiputada de derecha María Corina Machado; y Leopoldo López Gil, papá del opositor Leopoldo López, condenado a más de 13 años de cárcel por delitos como instigación al odio.

LEER MÁS SOBRE EL GOLPE DEL 11 DE ABRIL DE 2002

 

Mayoría calificada, no supraconstitucional

De acuerdo a declaraciones del abogado constitucionalista Hermánn Escarrá, en el proceso constituyente de 1999 se reordenó el  poder legislativo de manera que la democracia no recayera sólo en ese órgano.

Las facultades parlamentarias van desde garantizar la descentralización, pasando por las leyes Orgánicas, habilitantes y leyes especiales, hasta el nombramiento y supervisión de los otros poderes del Estado, pero no de forma absoluta.

El diputado electo por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Henry Ramos Allup, afirmó que "el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y los magistrados son un organismo subordinado" al Parlamento, sin embargo, el abogado constitucionalista Jesús Silva explicó en entrevista exclusiva para la web de teleSUR que las pretensiones de la bancada opositora son ilegales.

El poder legislativo no puede cambiar de forma unilateral a los representantes de los demás poderes, sino que requiere el aval de otro poder público, cada caso estipulado de forma específica en la Carta Magna.

"Si la AN desea remover al Poder Ciudadano, tiene que pasar por un pronunciamiento del TSJ. En el caso del Poder Electoral, tiene que pasar por el TSJ. En el caso del TSJ tiene que pasar por una calificación del Poder Ciudadano", explicó el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, en rueda de prensa.

En cuanto a la posibilidad de remoción de otros integrantes de poderes públicos, no basta la votación de las dos terceras partes del cuerpo legislativo. En cualquier caso la Asamblea Nacional no puede actuar sola en la destitución de los representantes de poderes públicos.

La mayoría calificada de la oposición consta de las dos terceras partes del Parlamento, es decir, 112 diputados, de los cuales 109 son propiamente de la MUD y tres son representantes indígenas apoyados por la derecha. Con mayoría calificada se pueden derogar o reformar leyes orgánicas, como la Ley del Trabajo y la Ley de Educación.

LEER MÁS SOBRE MAYORÍA CALIFICADA

El mito del voto castigo

Las elecciones parlamentarias de Venezuela se desarrollaron en un contexto de férrea guerra económica. La oposición usó el desabastecimiento y las colas para adquirir alimentos como un argumento contra el Gobierno, y allí sustentó su campaña electoral, o “campaña de guerra”, como la definió el presidente Nicolás Maduro.

La oposición atribuye el 112 – 55 al “voto castigo” del chavismo a los gobernantes chavistas, pero las cifras contradicen esa versión. La derecha obtuvo 7.720.501 votos en las elecciones del 6D, sólo 357.121 votos más que en las presidenciales de 2013.

El oficialismo obtuvo 5.608.950 votos el 6D, 1.978.629 de votos menos que en las elecciones presidenciales de 2013. Es decir, se registra una abstención del pueblo chavista y un crecimiento de sólo 4.8 por ciento en la oposición.

Desde hace dos años Venezuela es blanco de ataques económicos conjugados por el sector privado, así como también agresiones internacionales, principalmente desde el Gobierno estadounidense.

El Gobierno venezolano reconoció que ha cometido errores, y a partir de esa premisa puso en marcha las asambleas populares, que recaban las iniciativas del pueblo en función a mejorar la gestión de calle. Así como también blindar los derechos del pueblo ante la nueva mayoría parlamentaria de la oposición.

El  pueblo legislador es una figura prevista en la Constitución venezolana, en la que los ciudadanos pueden proponer iniciativas de leyes, formas de control político y administrativo e intervenir en los debates de la Asamblea Nacional.

LEER MÁS SOBRE LOS RESULTADOS DEL 6D

Los planes de la derecha en la Asamblea Nacional

La campaña electoral de la oposición se centró en ofrecer un "cambio" al desabastecimiento, pero después de ganar han dejado claro que su mayoría calificada no es la solución a la guerra económica que afecta al pueblo.

Las prioridades de la oposición son: "liberar" a quienes ellos llaman "presos políticos"; derogar la Ley del Trabajo y la Ley de Precios Justos, y anular otras medidas de corte social impulsadas desde el Parlamento.

Con la promulgación de la Ley de Amnistía para los fines que plantea la derecha, estarían violando la Constitución, debido a que establece que las amnistías están prohibidas cuando hay violaciones de Derechos Humanos y crímenes de lesa humanidad, debido a que supondría el perdón de crímenes contra el pueblo.

Según el artículo 187 de la Carta Magna, la AN tiene potestad de decretar amnistías generales, que deben ajustarse a los límites establecidos en la Constitución: no hay amnistía para quienes cometan delitos de lesa humanidad.

La Corte Penal Internacional define los delitos de lesa humanidad como un “ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

LEER MÁS SOBRE LOS PLANES DE LA DERECHA EN EL PARLAMENTO


Comentarios
0
Comentarios
Nota sin comentarios.