​Las principales organizaciones sindicales del Estado español Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), junto con centrales de clase como la CGT (Confederación General del Trabajo), CIG (Confederación Intersindical Galega) y (ELA)Euskal Langileen Alkartasuna – Sindicato Vasco) ultimaron este miércoles 07 de octubre la convocatoria formal de una Huelga General de 24 horas fijada para el 11 de noviembre.

​La medida de fuerza coordinada con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos, que constituye el primer paro general unitario desde 2012, tiene como objetivo central exigir salarios dignos y frenar la escalada descontrolada en los precios del alquiler y la vivienda, fenómeno impulsado por la especulación inmobiliaria y los fondos buitre tras años de desregulación del sector.

El paro caerá a escasos dos días del inicio de la campaña electoral y a 18 días de las elecciones generales anticipadas fijadas para el 29 de noviembre. Ese calendario no es accidental coloca el conflicto por las rentas y la pérdida de poder adquisitivo en el eje de la disputa política e institucional del Estado español.

Trece años después, la emergencia habitacional vuelve a encabezar la protesta obrera junto a la reivindicación de los sueldos, el dato por sí solo ilustra la magnitud del descontento acumulado.

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Frente a la medida, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales （CEOE） calificó, de acuerdo a sus propios intereses corporativos, el paro de ilegal, mientras que las direcciones sindicales rechazaron el señalamiento de inmediato.

Para las centrales, la brecha entre los salarios y el costo de los alquileres constituye un conflicto laboral directo y estructural. Sobre esa base ratificaron la validez jurídica de la convocatoria y descartaron que se trate de una protesta de carácter meramente político. El blindaje legal quedó así en el centro de la respuesta sindical.

La elección del 11 de noviembre tampoco es casual en términos políticos, el paro llega justo cuando las formaciones afinan sus programas y obliga a definir posiciones sobre un tema que atraviesa al movimiento inquilino. La jornada se anticipa, de ese modo, al debate que dominará la contienda.

Ubicada en el umbral de los comicios, la movilización interpela de manera directa a los partidos, los convocantes buscan arrancar a las distintas fuerzas políticas un compromiso vinculante para intervenir el mercado inmobiliario y frenar la especulación.

La consigna es clara, bajar los alquileres, impedir los desalojos y garantizar que los sueldos alcancen para vivir. La respuesta de las candidaturas ante la convocatoria medirá la centralidad que la vivienda adquiere en la recta final hacia el 29 de noviembre.

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