El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, informó sobre los acuerdos del Consejo de Ministros tras anunciar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria a elecciones para el próximo 29 de noviembre.

La comparecencia oficial se centró en la reaprobación de los dos reales decretos leyes en materia de vivienda que habían decaído previamente en el Congreso, argumentando que las condiciones de emergencia habitacional y la presión de los costos sobre las familias trabajadoras exigen una intervención firme del Estado.

El Ejecutivo justificó la vía de la Diputación Permanente para sacar adelante estas normativas, señalando que la mayoría conservadora del Parlamento han dado la espalda a las demandas populares en una materia de extrema vulnerabilidad social.

Frente al bloqueo legislativo y la desregulación defendida por las fuerzas de oposición, la Jefatura de Estado sostuvo que la ciudadanía deberá dirimir el rumbo del país en las urnas, asegurando que el Gobierno mantendrá la protección contra los desahucios y la regulación del mercado hasta el último día del mandato.

Regulación del mercado, incentivos y contención especulativa

Las normativas aprobadas incorporan 21 medidas diseñadas para frenar la especulación, regular los alquileres y aumentar la oferta de inmuebles públicos.

LEA TAMBIÉN:

Barcelona: movimientos sociales exigen solución ante crisis de alquileres en España

Entre los mecanismos acordados destacan incentivos fiscales para pequeños propietarios que mantengan precios asequibles, reducciones impositivas para inquilinos y una línea de crédito de 10.000 millones de euros gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para financiar hasta 50.000 euros sin intereses en la compra de primera vivienda.

Asimismo, se destinan 280 millones de euros en avales para la construcción industrializada y 400 millones para proveedores de vivienda social, sumado a la incorporación de activos inmobiliarios de la Seguridad Social a la empresa pública Casa 47.

Para frenar las maniobras del capital especulativo y los fondos de inversión, las medidas establecen la prórroga obligatoria de hasta dos años en los contratos de arrendatarios al día con sus pagos, la limitación a los alquileres de temporada o por habitaciones y la tributación fiscal de los pisos turísticos como actividades comerciales.

Disputa con el Parlamento y horizonte preelectoral

El pronunciamiento del Ejecutivo remarcó que si bien estas disposiciones de urgencia atienden necesidades inmediatas como la paralización de desahucios sin alternativa habitacional, la resolución estructural de la crisis requiere consolidar un parque público de viviendas a gran escala.

La Presidencia enfatizó la disyuntiva entre un modelo estatal orientado a la regulación de sectores estratégicos y la contención de los corporativismos financieros, frente a las posturas parlamentarias que impiden el freno a los abusos del mercado inmobiliario.

De cara a la cita electoral del 29 de noviembre, el Gabinete instó a las fuerzas políticas a no bloquear la convalidación de estos decretos en la Diputación Permanente.

La Jefatura de Gobierno situó la crisis del acceso al techo en el centro del debate político, conectando la disputa institucional con las demandas de las movilizaciones populares y reafirmando el compromiso de utilizar la potestad regulatoria para garantizar los derechos sociales de la mayoría trabajadora. El deterioro en el acceso a la vivienda se consolidó como el detonante del actual escenario de inestabilidad política en España.

Durante las últimas semanas, las movilizaciones populares contra el alza desmedida de los precios se propagaron por diversas localidades del país, teniendo como punto neurálgico la acampada establecida en la Puerta del Sol en Madrid. El descontento social se profundizó tras el desalojo forzoso de Maricarmen Abascal, una ciudadana de 87 años, suceso que desencadenó un amplio repudio ciudadano y masivas protestas.

EN ESTA NOTA: