Palestina, tres años después: Una historia que no empezó el 7 de octubre
En Gaza, el alto al fuego no ha puesto fin a la violencia ni ha significado el regreso a una vida normal.
La cantidad de niños asesinados durante el conflicto supera incluso a la de mujeres y hombres adultos. Foto: EFE.
7 de octubre de 2026 Hora: 11:55
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El exterminio y la violencia ejercidos contra el pueblo palestino no comenzaron el 7 de octubre de 2023 después de la Operación Tormenta de Al-Aqsa. La ocupación israelí de los territorios palestinos se remonta a 1967, mientras que Gaza permanece sometida a un bloqueo desde 2007. Durante décadas, la expansión de asentamientos, las restricciones al movimiento y las operaciones militares han marcado la vida de millones de palestinos.
Lo ocurrido el 7 de octubre de 2023 abrió una nueva y devastadora etapa. El ataque de Hamás y la posterior ofensiva israelí sobre Gaza colocaron nuevamente la cuestión palestina en el centro de la agenda internacional, después de años en los que la ocupación y sus consecuencias habían quedado relegadas en buena parte del debate político mundial.
La magnitud de la ofensiva sobre Gaza expuso ante la opinión pública internacional las dimensiones de una realidad que durante décadas había sido denunciada por los palestinos y por organismos internacionales.
La destrucción de amplias zonas del enclave, la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento masivo de su población profundizaron una crisis que trascendió las fronteras de Palestina. Al mismo tiempo, la situación en Cisjordania continuó marcada por la ocupación, la expansión de los asentamientos y la violencia contra la población palestina.
El impacto de estos acontecimientos también alcanzó el escenario diplomático y jurídico. La cuestión palestina volvió a ocupar un lugar central en organismos internacionales, mientras crecieron las movilizaciones en distintos países en respaldo de los derechos del pueblo palestino. La presión sobre Israel se extendió asimismo al ámbito judicial, donde la Corte Internacional de Justicia determinó en 2024 que su presencia continuada en el territorio palestino ocupado es ilegal y reclamó el fin de las políticas vinculadas con esa situación.
Tres años después, el 7 de octubre de 2023 aparece así no como el comienzo de la historia palestina, sino como un punto de quiebre que modificó la dimensión y la visibilidad internacional de un conflicto marcado durante décadas por la ocupación, el despojo y la falta de una solución que garantice los derechos del pueblo palestino.
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Lo ocurrido ese día fue utilizado por la entidad sionista de Israel como justificación para intensificar una agresión que ya formaba parte de décadas de ocupación y violencia contra el pueblo palestino. Bajo el argumento de responder a los ataques de Hamás y garantizar su seguridad, Tel Aviv desplegó una ofensiva de una magnitud sin precedentes recientes sobre Gaza, con una campaña militar que ha provocado una devastación generalizada y un número masivo de víctimas palestinas.
En Cisjordania, las fuerzas israelíes mantienen una política de hostigamiento que afecta de forma cotidiana a la población palestina. Allanamientos de viviendas, redadas, detenciones, órdenes de demolición y restricciones al desplazamiento forman parte de una realidad marcada por el control militar y el aislamiento de comunidades enteras.
Maestros palestinos, víctimas del genocidio israelí
Más de 800 docentes palestinos han sido asesinados y otros 3.300 han resultado heridos desde el comienzo de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza en octubre de 2023, de acuerdo con cifras difundidas por el Ministerio de Educación palestino el pasado domingo.
A esta situación se suma la detención de más de 170 profesores, quienes permanecen privados de libertad en condiciones difíciles.
En vísperas del Día Mundial de los Maestros, celebrado cada 5 de octubre, el Ministerio de Educación palestino denunció que el personal docente de los territorios ocupados enfrenta una lucha cotidiana para mantener en pie el derecho a la enseñanza. La institución describió el impacto de las operaciones israelíes sobre el sistema educativo como un «genocidio integral» que ha golpeado tanto a Gaza como a Cisjordania.
La situación se vuelve especialmente compleja en distintas zonas de Cisjordania, donde las restricciones para desplazarse y los controles militares dificultan el acceso de los docentes a sus centros de trabajo. Masafer Yatta, al sur de Hebrón, la localidad de al-Mughayyir, en el centro del territorio, el Valle del Jordán y las áreas clasificadas como Zona C figuran entre los lugares más afectados por estas limitaciones y por el acoso en los puestos de control.
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La denominada Zona C constituye cerca del 60 por ciento de Cisjordania y permanece bajo control israelí en virtud de la división territorial establecida por los Acuerdos de Oslo II de 1995. El pacto estableció tres áreas: la Zona A, administrada por los palestinos en materia civil y de seguridad; la Zona B, bajo administración civil palestina y control de seguridad israelí; y la Zona C, que quedó bajo control israelí.
A las dificultades derivadas de la ocupación se añade una crisis económica que también golpea a los trabajadores de la educación. El Ministerio palestino sostiene que la retención por parte de Israel de los ingresos fiscales correspondientes a la Autoridad Palestina ha agravado la precariedad de los docentes y afectado tanto su estabilidad económica como sus condiciones psicológicas.
Estos recursos, conocidos como ingresos de liquidación, corresponden a los impuestos que Israel recauda en representación de la Autoridad Palestina sobre determinadas mercancías importadas o transferidas, conforme al Protocolo de París de 1994.
La entidad sionista de Israel comenzó a realizar deducciones sobre esos fondos en 2019 y posteriormente interrumpió las transferencias, una decisión que profundizó las dificultades financieras de la Autoridad Palestina y complicó el pago completo de los salarios de sus empleados públicos.
Los ingresos fiscales recaudados por Israel constituyen aproximadamente el 56 por ciento de los ingresos públicos palestinos, por lo que su retención tiene consecuencias directas sobre la capacidad de la administración palestina para cubrir salarios, mantener los servicios públicos y cumplir sus compromisos financieros.
Ante este escenario, el Ministerio de Educación palestino reclamó una respuesta internacional inmediata para detener las violaciones y garantizar protección a estudiantes, profesores y demás trabajadores del sector educativo. También instó a Naciones Unidas, organismos especializados y organizaciones de derechos humanos a intervenir, mientras pidió a los sindicatos de otros países ejercer presión para conseguir la liberación de los docentes detenidos y defender sus derechos económicos.
Los niños de Gaza, entre las principales víctimas de la guerra
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño ha expresado su condena por los ataques israelíes contra objetivos civiles en la Franja de Gaza. Entre el 7 de octubre de 2023 y el 10 de septiembre de 2024, al menos 16.756 niños murieron y otros 6.168 resultaron heridos, mientras otros miles podrían permanecer bajo los escombros, de acuerdo con los datos recogidos por el organismo.
La cantidad de niños asesinados durante el conflicto supera incluso a la de mujeres y hombres adultos. La presidenta del Comité, Ann Skelton, recordó que el asesinato de civiles vulnera las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, y subrayó que los menores de edad tienen en todo momento la condición de civiles.
Los ataques con armas explosivas de amplio alcance en zonas densamente pobladas, junto con las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria, han provocado el desplazamiento de al menos un millón de niños. Otros 21.000 permanecen desaparecidos, mientras unos 20.000 han perdido a uno o a ambos progenitores y alrededor de 17.000 se encuentran solos o separados de sus familias.
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La falta de alimentos también ha puesto en riesgo la vida de miles de menores. Decenas de niños han muerto por desnutrición y otros 3.500 afrontan un peligro mortal debido a la escasez de alimentos, según las cifras citadas por el Comité.
Secuestros y detenciones de menores palestinos
El organismo de Naciones Unidas también alertó sobre la magnitud de las violaciones cometidas contra la infancia palestina. Su vicepresidente, Bragi Gudbrandsson, afirmó que Gaza presenta una situación excepcionalmente grave y señaló tres de las violaciones más graves contra los menores: asesinatos y mutilaciones, ataques contra hospitales y escuelas y obstáculos al ingreso de asistencia humanitaria.
El Comité denunció además los secuestros, detenciones arbitrarias y reclusiones prolongadas de numerosos niños palestinos por parte de las fuerzas israelíes. Muchos de ellos, indicó el organismo, permanecen privados de libertad sin que se hayan presentado cargos en su contra, sin un proceso judicial y sin acceso adecuado a representación legal o contacto con sus familiares.
El sistema carcelario israelí como instrumento de castigo colectivo
Organizaciones palestinas dedicadas a la defensa de los presos denunciaron que al menos 92 detenidos, cuyas identidades han podido ser confirmadas, han muerto bajo custodia israelí durante los últimos tres años.
La cifra representa cerca del 28 por ciento de todos los presos palestinos fallecidos bajo custodia desde 1967. A ello se suma el paradero desconocido de decenas de detenidos procedentes de Gaza, cuya muerte también ha sido reportada en medio de casos de desaparición forzada.
La dimensión del sistema de encarcelamiento también queda reflejada en las cifras actuales. A comienzos de octubre, alrededor de 9.300 palestinos permanecían recluidos en cárceles israelíes, entre ellos 118 condenados a cadena perpetua, 91 mujeres y 350 menores. La cifra incluye además a 3.101 personas sometidas a detención administrativa y a 1.419 palestinos catalogados por Israel como «combatientes ilegales», una categoría que también comprende a detenidos procedentes de Siria y Líbano.
Desde el inicio del exterminio, las organizaciones denunciaron un endurecimiento de las políticas de arresto y persecución que han convertido la privación de libertad en un mecanismo de castigo colectivo y sometimiento de la población palestina.
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En Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, se han contabilizado más de 26.000 arrestos, mientras que en Gaza se estima que miles de personas han sido detenidas. La magnitud real de estas cifras resulta difícil de establecer debido a las operaciones militares, las interrupciones de las comunicaciones y los casos de desaparición forzada.
Entre los detenidos figuran mujeres, niños, personas mayores, enfermos, periodistas y defensores de los derechos humanos. Más de 800 mujeres han sido arrestadas, mientras que los menores detenidos en Cisjordania desde el comienzo de la ofensiva superan los 2.000, de acuerdo con los datos presentados por las organizaciones palestinas.
La persecución no termina con el arresto. Las operaciones de detención suelen ir acompañadas de allanamientos, registros, destrucción de bienes, amenazas y malos tratos, los cuales también recaen sobre los familiares de los presos y pueden dejar profundas secuelas psicológicas, sociales y económicas. Para las organizaciones de derechos humanos, este entramado convierte el encarcelamiento en una forma permanente de presión sobre la sociedad palestina.
Durante una conferencia de prensa y una manifestación de solidaridad celebradas en Al-Bireh, los Grupos de defensa de prisioneros pidieron intensificar la presión internacional para poner fin a la pena de muerte y garantizar que los sistemas judiciales militares y civiles no sean utilizados de manera discriminatoria. Asimismo, se subrayó que la protección de la vida de los presos y detenidos palestinos constituye una responsabilidad internacional y no un asunto interno ni una cuestión sujeta a represalias.
Autor: teleSUR - idg - JML
Fuente: teleSUR - Naciones Unidas - Agencias
